Un proyecto que prevé, entre otras cosas, la utilización para el desarrollo de nuevas instalaciones eólicas terrestres y, sobre todo, marinas, de posesiones reales que forman parte del Crown Estate: negocios administrados independientemente en nombre de la casa Windsor y cuyos ingresos van al gobierno de turno, el cual luego restituye una cuota minoritaria al palacio para financiar los gastos de representación de la monarquía.
El anuncio tiene lugar a dos días de la publicación del presupuesto anual acerca de las actividades y las propiedades de la Familia Real, sellado por números que confirman el boom de los beneficios garantizados a corona justamente por la producción de energía eólica, con el trasfondo de un giro promovido también en el frente de las residencias y los transportes reales de Carlos III, de 75 años, que es un "soberano ecologista" sensible a las alarmas conforme a la emergencia climática y pionero de la causa verde por décadas.
El proyecto del gobierno de Starmer, introducido hoy en la Cámara de los Comunes bajo los auspicios del súper ministro de Economía, Ed Miliband, tiene como piedra angular la creación de una empresa pública ad hoc, denominada Great British Energy (GBE), cuyo sede está en Escocia, nación históricamente ligada a los hidrocarburos, y simbolizar el desafío.
La sociedad será financiada en los próximos 5 años con desembolsos por 8.300 millones de libras esterlinas (casi 10.000 millones de euros) y a la que competerá hacer de motor de difusión de las fuentes renovables, también estimulando inversiones privadas cuantificadas potencialmente cuantificadas en alrededor de 70 mil millones. El GBE también tendrá el poder, importante como ejemplo para el país, de coordinar con el Crown Estate los planes para un mayor desarrollo de parques eólicos en la tierra y en las zonas (ventosas) del mar de la isla pertenecientes a la corona.
La referencia al objetivo de liderazgo mundial en este sector hecha en la Cámara (que votará el proyecto de ley el 5 de septiembre) por Miliband, voz de la izquierda ecologista en un gabinete más moderado, fue repetida por el propio Starmer durante un acto organizado para la ocasión en las fábricas de una empresa de diseño, Hutchinson Engineering, en Widnes, al norte de Inglaterra. "Yo -proclamó Sir Keir en su discurso- quiero ganar la carrera por las energías limpias: tenemos el potencial, los puertos, los trabajadores, el talento y, ahora, también un gobierno decidido a aprovechar las oportunidades".
"Demostraremos que el cambio ya comenzó", insistió, no sin acusar a los gobiernos Tory precedentes -protagonistas en los últimos meses, bajo el premiership de Rishi Sunak, de un freno a los mismos empeños intermedios hacia el objetivo emisiones cero de carbono suscritos en sede internacional por Boris Johnson-, y de haber "perdido una década de oportunidades para dar impulso a nuestra seguridad energética sin depender de dictadores extranjeros, reducir las facturas y crear puestos de trabajo calificados".
Incluso imponiendo -desde 2015- la moratoria sobre la proliferación en Inglaterra de las palas eólicas (en nombre de una supuesta tutela del paisaje) que el Labour revocó entre sus prioridades.
Ningún paso atrás se divisa en el horizonte del entramado laborista acerca de las nuevas licencias para la extracción de petróleo y gas, ya concedidas por los Tories a partir de los residuos de yacimiento offshore del Mar del Norte. Licencias con niveles récord en el último año censado, frente a las crisis geopolíticas marcadas por las sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania o la escalada de los conflictos en el Medio Oriente, según revelan los datos del documento revelado justo hoy por el progresista The Guardian.
Datos que -desafiando las protestas de los ambientalistas y a la "revuelta global" contra los aeropuertos invocada en estas horas por activistas ultra de "Just Stop Oil" y de "Last Generation", de Gran Bretaña y Alemania- hacen que se destaque a la isla en el segundo puesto en Occidente en 2023: a sus espaldas solo la administración del presidente Joe Biden.
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