(ANSA) - ROMA, 21 LUG - El gobierno de Estados Unidos
presentó hoy una queja formal contra México y anunció con el de
Canadá el inicio de consultas por la violación en el ámbito
energético al Tratado de Libre Comercio (T-MEC) que mantienen
las tres naciones desde 1994, que a juicio de los expertos
podría desembocar en represalias.
Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador
relativizó el impacto de este recurso (que consistirían en la
aplicación de aranceles punitivos) y considera que "no va a
pasar nada" como lo pretenden hacer creer algunos analistas que
lo cuestionan.
"Ya se están frotando las manos hablando de que ahora sí (.)
nos van a llamar a cuentas para que expliquemos la política
energética de nuestro país" y que el tema "nos tiene muy
preocupados", dijo el mandatario.
La queja formal, en el contexto del mecanismo contencioso
con el que cuenta el T-MEC se basa en el argumento de que México
perjudica a empresas estadounidenses en aras de beneficiar a sus
dos grandes monopolios energéticos, la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), impidiendo el
desarrollo de energía limpia.
Según la jefa de la Oficina del representante Comercial de
Estados Unidos, Katherine Tai, las acciones de México bajo sus
leyes de energía "son inconsistentes con sus obligaciones" y
"socavan a las empresas estadounidenses que buscan invertir en
el país", afectando sus intereses económicos.
Asimismo, esta dependencia gubernamental estima que las
medidas de López Obrador "menoscaban la capacidad regional para
combatir el cambio climático de manera efectiva e impiden que la
economía norteamericana funcione con energía limpia, confiable y
asequible".
El gobierno de Canadá a su vez indicó que está de acuerdo
con Estados Unidos en el sentido de que la política energética
de México es "inconsistente" con las obligaciones que tiene bajo
el T-MEC, por lo que dio a conocer que hará sus propias
consultas.
La ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng,
señaló que "nos estamos uniendo a Estados Unidos en la toma de
medidas mediante el lanzamiento de nuestras propias consultas
para abordar estas preocupaciones".
López Obrador, sin embargo, rechazó que su gobierno esté
violando el tratado comercial y dijo que el gobierno mexicano va
a recibir la demanda, la va a analizar el ministerio de Economía
y estimó que al final no habrá "ningún problema".
"Todo lo que estamos haciendo en materia energética es de
conformidad con la Constitución, con nuestras leyes", señaló el
jefe de Estado.
En febrero del 2021, el Congreso aprobó la Ley de la
Industria Eléctrica propuesta por López Obrador, que ordena a la
Comisión Reguladora de Energía (CRE) la revocación de permisos
de autoabastecimiento de energía, lo que beneficia a la CFE y
desplaza a centrales eléctricas privadas.
Además, la normativa incluye modificaciones para limitar
"los principios de libre competencia y concurrencia" previamente
establecidos y "elimina la obligación de la CFE y el Centro
Nacional de Control de Energía de llevar a cabo subastas de
largo plazo para el suministro básico de electricidad".
La Suprema Corte de Justicia ratificó la validez
constitucional de esta legislación, después de que empresas
afectadas presentaron un recurso de apelaciones.
López Obrador dijo que a sus opositores "les molestó
muchísimo lo de la ley eléctrica, sobre todo la resolución de la
Corte, porque ellos pensaban que en el Poder Judicial se iban a
revertir medidas como lo del autoabastecimiento".
"La corte decide que el autoabastecimiento es un fraude
legal", afirmó el mandatario, al indicar que duda que "el
gobierno de Estados Unidos vaya a exponerse a que nosotros les
contestemos que están apoyando a corruptos".
Bajo la gestión de López Obrador, un activista de izquierda
que llegó al poder en julio de 2018 después de dos intentos
infructuosos, ganando con el 53% de los votos, el gobierno ha
intentado recuperar el dominio de la energía por parte del
Estado, luego que en 2013 su antecesor Enrique Peña promovió en
el Congreso una ley que privatizó el sector.
Sin embargo, este tema ha repercutido en las inversiones
extranjeras, sobre todo de empresas de sus socios del T-MEC,
Estados Unidos y Canadá, pero también de países como España,
Italia y Japón. (ANSA).
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