Nuevas normas sobre el "Green Pass" en Italia

A partir del 15 de octubre

Nuevas normas sobre el "Green Pass" en Italia (foto: ANSA)
19:43, 22 sepROMARedacción ANSA

 A partir del 15 de octubre entrará en vigencia en Italia la obligatoriedad de exhibir el "Green Pass" (Pase Verde de certificación de vacunación) en distintos ámbitos.
    Así lo indica la publicación en el boletín oficial del decreto de ley 127 del 21 de septiembre, que contiene "medidas urgentes para garantizar la realización segura de trabajos públicos y privados a través de la extensión del ámbito de aplicación de la certificación verde de Covid 19 y el fortalecimiento del sistema de cribado".
    Hasta el 31 de diciembre, fecha en que cesará el estado de emergencia, todo el personal de la administración pública, el de autoridades administrativas independientes, incluidas la Comisión Nacional para Empresas, la Bolsa de Valores, la Comisión Supervisora ??de Fondos de Pensión, el Banco de Italia, así como los organismos públicos, órganos económicos y constitucionales, para ingresar a sus lugares de trabajo deberán poseer y exhibir la certificación verde.
    El pase también es obligatorio para todos aquellos sujetos que, por el motivo que sea, realizan sus propias actividades laborales, formación o actividad de voluntariado en la administración pública, también sobre la base de contratos externos, así como para todas las personas que ocupen cargos electivos o altos cargos institucionales.
    Los órganos constitucionales, cada uno en el marco de su autonomía, deberán adecuar sus reglas a las disposiciones previstas.
    Están exceptuados de la obligación todos aquellos que no pueden vacunarse por motivos de salud.
    La verificación del respeto de las normas le corresponde a los empleadores, que deberán definir para el 15 de octubre las modalidades operativas para la organización de estos controles, que podrán ser definidos con las líneas guía adoptadas por el presidente del Consejo, sobre propuestas de los ministros de la administración pública y de la salud.
    Quien no tenga el Green Pass será considerado como ausente sin justificación de su trabajo: no será suspendido, pero se le retendrá su salario, aunque no se le aplicarán medidas disciplinarias y tendrá derecho a conservar su puesto de trabajo.
Para quien sea hallado en el trabajo sin el Pase Verde, está prevista una sanción de entre 600 y 1.500 euros. Para los empleadores que no controlen o no dispongan de medidas organizativas, la multa va de los 400 a los 1.000 euros.
    En tanto, será obligatorio el pase para los magistrados a la hora de acceder a los tribunales y oficinas judiciales, incluso para los administrativos, contables, militares, honorarios e integrantes de las comisiones tributarias.
    También en este caso, el control está en manos del empleador: a quien no tenga el pase se le computará una ausencia injustificada y se le suspenderá el pago del salario.
    Quienes sean hallados sin certificación tendrán una infracción disciplinaria, sancionada, para los magistrados ordinarios, de conformidad con el artículo 12, párrafo 1, del decreto N° 109, del 23 de febrero de 2006, es decir, con
la imposición de una pena no menor a la censura, y por todos los demás según las respectivas normativas de afiliación.
    Están excluidos de la obligación los abogados y otros defensores, consultores, expertos y auxiliares del magistrado, ajenos a las administraciones de justicia, los testigos y partes en el juicio.
    La exclusión, dice el informe explicativo del decreto, "deriva de la necesidad de aclarar que la intervención pretende regular únicamente la relación entre la administración y sus empleados".
    El uso del pase es obligatorio también para quien se desempeñe en el sector privado, incluso con contratos externos.
    Al igual que en el sector público, las verificaciones le corresponden al empleador, que deberá definir las modalidades organizativas para el 15 de octubre. Y quien no tenga el certificado será considerado, también, como ausente del trabajo sin justificativo y no cobrará su salario, aunque no será suspendido.
    Para empresas con menos de 15 empleados, después del quinto día de ausencia injustificada, el empleador podrá suspender al trabajador y reemplazarlo, por un período no mayor a 10 días renovables una sola vez, por lo tanto, por un máximo de 20 días.
    Incluso en el sector privado, quien no tenga un pase en el lugar de trabajo corre el riesgo de una sanción de 600 a 1.500 euros, mientras que para los empresarios la sanción puede oscilar entre los 400 y los 1.000 euros.
    Hasta el 31 de diciembre, quién no pueda vacunarse podrá realizarse un hisopado gratis -por esta razón el decreto asigna 105 millones de euros- mientras que para todos los demás el costo será de 15 euros, que se reduce a 8 para niños menores de 18 años.
    Las farmacias adheridas al protocolo están obligadas a aplicar el control de precios y para quien no se adhiera se prevén sanciones de entre 1.000 y 10 mil euros y el cierre del negocio por un máximo de 5 días.
    El precio controlado también está garantizado por todos centros de salud afiliados, autorizados o acreditados con el Servicio Nacional de Salud y autorizado por las regiones.
    Además, el decreto establece que las personas recuperadas de Covid-19 y que tengan la primera dosis de la vacuna obtendrán el Green Pass inmediatamente después de la aplicación y no deberán esperar 15 días, como estaba previsto hasta hoy.
    También se dispone la extensión del certificado verde a quienes dieron positivos al virus pasados 14 días desde la primera dosis o a quienes después de completar el esquema de inmunización, se hayan repuesto.
    Para obtener información sobre el Green Pass el gobierno habilitó un número telefónico (1500).
    El decreto suprime la dicotomía entre el número 800 91 24 91, para asistencia técnica para la adquisición de certificados verdes, y 1500, relacionado con la información sobre aspectos sanitarios y la publicación del código de autorización.
    En tanto, para el 30 de septiembre, el Comité Técnico Científico deberá expedirse sobre las medidas de distanciamiento y protección en todos aquellos lugares en los que se desarrollan actividades culturales, deportivas, sociales y recreativas. (ANSA).
   

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