22 militares acusados de 303 asesinatos

(ANSA) - BOGOTA 25 JUL - Bajo cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad fueron acusados este lunes 22 militares colombianos, entre ellos un general, por el asesinato de 303 personas entre 2005 y 2008, a quienes hicieron pasar como supuestos guerrilleros, con la intención de acumular falsas victorias en el campo de guerra y obtener beneficios personales.
    La decisión fue anunciada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del "Macrocaso 03" dedicado a la investigación de asesinatos y desapariciones forzadas de personas presentadas de manera ilegal como "bajas en combate".
    La acusación anunciada hoy también incluyó a un ex investigador del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, servicio secreto) y a dos civiles, quienes ayudaron a los uniformados a perpetrar los asesinatos extrajudiciales, llamados localmente como "falsos positivos".
    Los militares hacían parte de la Brigada XVI del Ejército ubicada en el departamento del Casanare (este) y este caso es solo uno de varios que el Tribunal de paz investiga, bajo el mismo patrón de violencia.
    "Los imputados hicieron parte de una organización criminal", quienes se "separaron de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate", afirmó la JEP.
    Como en otros casos ya documentados y puestos en evidencia o confesados por otros militares, en diferentes lugares del país, en Casanare las víctimas eran personas vulnerables, ancianos, discapacitados, hombres y mujeres urgidos de trabajo que fueron engañados y luego asesinados.
    Entre las víctimas hubo un total de nueve mujeres y una persona de orientación sexual diversa. En algunos casos —de acuerdo a las indagaciones de la JEP— hubo "prácticas de violencia extrema" previo al homicidio.
    Una vez muertas estas personas, las vestían con ropas de uso militar para simular que eran presuntos guerrilleros y les colocaban armas, algunas de las cuales fueron compradas con dineros públicos que estaban destinados para otros fines.
    A cambio de estos crímenes, los militares recibieron "comidas especiales, planes vacacionales, cursos de formación en el exterior o el traslado al Batallón Colombia N°3 en el Sinaí y reconocimientos para contar con las condiciones necesarias para el ascenso", precisó la JEP.
    Los acusados ya fueron notificados de los cargos y tendrán 30 días hábiles para "reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos".
    En ese lapso podrán aportar otras pruebas o argumentos al caso, mientras que los parientes de las víctimas tendrán el mismo "tiempo para reaccionar" frente a la imputación.
    "Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión", precisó el Tribunal de paz.
    (ANSA).