(ANSA) - BUENOS AIRES, 15 DIC - La decisión del presidente argentino Mauricio Macri de designar a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia mediante un decreto y sin aprobación previa del Senado Nacional, desató una andanada de críticas en el país, incluso desde el seno de la alianza de gobierno.
    El senador nacional Julio Cobos del partido UCR -integrante de la alianza gobernante Cambiemos- reconoció que no encontraba "razones" para que las designaciones de magistrados se concreten "por un decreto sin enviarlo al Senado". "Desconozco que lo motivó a Macri a hacer esto. Si me consultaba, le hubiera dicho que no", sostuvo Cobos, ex vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner entre 2007 y 2011 y recordado por votar en contra del incremento de las retenciones a las exportaciones de soja, a contramano del gobierno que integraba.
    El senador nacional Federico Pinedo, tercero en la línea sucesoria desde el 10 de diciembre, tampoco avaló la decisión del presidente Macri y reconoció que "hubiera sido mejor que la designación de los jueces de la Corte pase por el Senado". Ricardo Gil Lavedra, integrante del tribunal que condenó en 1985 a las juntas militares por delitos de genocidio, actual diputado nacional de la UCR y prestigioso constitucionalista, también advirtió que "los jueces provisorios no son jueces independientes".
    En medio del entuerto, Ricardo Lorenzetti, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, afirmó hoy que los jueces designados por Macri, Fernando Rosenkrantz y Horacio Rosatti, serán "bienvenidos", pero aclaró que "quiero decir muy claramente que nosotros como Corte Suprema no fuimos consultados ni debemos ser consultados porque es un procedimiento que define el Presidente, no la Corte", explicó.
    Rosenkrantz y Rosatti se sumarán a la Corte Suprema para poder funcionar con al menos cinco miembros, como reclamaba Lorenzetti, pero el mecanismo de elección ha sido fustigado incluso por quienes apoyaron a Macri en el balotaje del 22 de noviembre, como la ex candidata presidencial y diputada nacional Margarita Stolbilzer.
   "Es un terrible retroceso institucional", porque "jamás se designó un juez de la Corte en comisión desde la recuperación democrática", afirmó Stolbilzer al periodismo. "Quiero saber quién asesoró al Presidente en semejante barrabasada, no puede ser el único responsable", enfatizó Stolbizer en diálogo con la emisora radial Vorterix, en clara referencia al ministro de Justicia, Germán Garavano, que defendió el mecanismo, previsto en la Constitución pero no utilizado desde 1852.
    El ministro Garavano ha sostenido ante las críticas que "el mecanismo es inusual, pero está previsto en la Constitución".
    El ex candidato presidencial y líder del peronismo opositor, Sergio Massa, -tercero en la primera vuelta electoral- aseveró que "el método es horrible", aunque en su opinión los candidatos elegidos "son impecables".
    En defensa de Macri, el diputado oficialista Daniel Lipovetzky -vicepresidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires- afirmó que "nadie puede alegar que el procedimiento haya sido inconstitucional, ya que justamente está previsto en la propia redacción de nuestra Carta Magna". En respuesta, Héctor Recalde, jefe del bloque de Diputados del Frente para la Victoria -opositor desde el 10 de diciembre- aseguró que "la designación de jueces de la Corte por decreto lesiona gravemente la independencia de la Justicia".
    El jefe de la bancada peronista analizó que el artículo constitucional invocado por Macri para designar a los dos nuevos miembros de la Corte Suprema "es aplicable para embajadores y altos jefes de las fuerzas armadas, pero de ninguna manera se puede utilizar para los miembros de la Corte, cuya designación requiere una mayoría especial de los dos tercios del Senado".
    Ricardo Alfonsín, hijo del ex presidente Raúl Alfonsín (1983-1989), y presidente del Comité Provincia de Buenos Aires de la UCR, también tomó distancia de la decisión macrista.
    Alfonsín advirtió que "hay quienes opinan que (el método utilizado por Macri) no contraría la Constitución mientras que otros dicen, con la misma firmeza, lo contrario. La sola duda acerca de su legalidad afecta la legitimidad del acto".
    Alfonsín profundizó que "es más: aunque hubiera unanimidad respecto de la misma, dejaría mucho que desear en términos de legitimidad republicana y política".
    El socialista Miguel Litschitz, gobernador de la provincia de Santa Fe (400 kilómetros al norte de la capital argentina) instó a Macri a "revisar" la decisión porque "no se condice con el llamado al consenso que saludamos cuando nos convocó a todos los gobernadores o con su reunión con los líderes de la oposición".
    León Arslanián, también integrante del tribunal que juzgó y condenó a las juntas militares en 1985, sumó sus críticas a la metodología utilizada por el gobierno: "Han invocado una facultad que le permite al poder Ejecutivo cubrir empleos públicos que requieren acuerdo del Senado en Comisión en tiempos de receso".
    Pero, "lo han aplicado cuando es el único caso en el que no lo pueden aplicar", por tratarse de "la cabeza de un poder independiente del Estado", completó Arslanián.
    La ONG "Poder ciudadano", con 26 años de existencia, coincidió que la decisión del gobierno argentino "rompe innecesariamente con un procedimiento ampliamente consensuado entre los actores de nuestro sistema democrático" para la elección de los miembros de la Corte Suprema y "va en detrimento de la democracia, la división de poderes, e incluso el futuro desempeño y legitimidad de los jueces seleccionados". AEF-ADG/MRZ
15/12/2015 22:02