Por Darío Pignotti BRASILIA, 3 (ANSA) - La suba de casi el 4% de la Bolsa de Valores de San Pablo en el cierre de ayer viernes es una señal de aprobación por parte de los mercados al nuevo gabinete anunciado por la presidenta Dilma Rousseff: sin embargo, el primer test político clave de esa reforma tendrá lugar la próxima semana.
    El Congreso someterá a discusión varias iniciativas consideradas cruciales para un gobierno golpeado por varias crisis simultáneas y amenazado por el fantasma del "impeachment" contra la Jefa de Estado.
    Rouseff lo dijo claramente en su discurso de ayer al presentar el nuevo equipo de ministros: el cambio de gabinete respondió a la necesidad de lograr "estabilidad política" para un gobierno que en sólo nueve meses de vida enfrenta una reprobación del 69%, la fractura de la alianza de partidos oficialistas y una recesión del 2,8% prevista para 2015.
    Curiosamente el juicio por impedimento es impulsado por decenas de congresistas del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que integra la coalición gobernante junto al Partido de los Trabajadores (PT) de Dilma Rousseff y su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva.
    "Buscamos el objetivo de consolidar nuestra base política intentando tener una mayoría (en Parlamento) a través del cambio de algunos puestos en los ministerios. Con esto estamos convirtiendo a nuestra coalición más equilibrada", aseguró Rousseff.
    Rousseff hizo estas declaraciones acompañada en el Palacio del Planalto por el vicepresidente Michel Temer, del PMDB, que hace dos semanas declaró improbable que la mandataria concluya su mandato, agregando por otra parte que está dispuesto a ser quien encabece un eventual movimiento de "unidad nacional" post Rousseff.
    El viernes Dilma explicó que dar más cargos al PMDB en el gabinete (tenía seis ministerios y pasó a siete, en el marco de un total de carteras que pasó de 39 a 31) es una medida política "legítima en un gobierno de coalición, hecha a las claras. Se trata de una articulación política para generar un ambiente de diálogo".
   Ahora bien, el nuevo pacto de Rousseff con el PMDB sólo mostrará su consistencia política a partir del lunes, cuando reinicie sus actividades el Legislativo donde serán analizadas iniciativas vitales para el ajuste económico en curso en el país. Entre estas medidas figura la suspensión del aumento de cerca del 40% de los empleados del Poder Judicial además de otras iniciativas relativas al sistema previsional y el debate sobre el cobro del impuesto al cheque, conocido como Contribución Provisoria de Movimientos Financieros (CPMF).
   El flamante ministro de Salud Marcelo Castro, también del PMDB, declaró poco después de asumir que va a "batallar" para la aprobación de ese tributo considerado por otra parte "indispensable" por el titular de Hacienda, Joaquim Levy.
    A través de la CPFM se obtendrán recursos para financiar a la salud y aminorar el gasto público, premisa central del programa de austeridad diseñado y conducido por Levy, que fue confirmado en su cargo.
    Pero no todos los parlamentarios del PMDB parecen coincidir con los ministros de ese mismo partido: el resultado de esa pulseada entre "pemedebistas" se conocerá con el reinicio de las deliberaciones la semana entrante.
    Por lo pronto Dilma, que logró una victoria provisoria el viernes con el lanzamiento de su nuevo gabinete, anticipó que no le temblará el pulso para seguir adelante con el "drástico corte de gastos" paralelamente a la reducción de erogaciones.
    Y no se descarta que pueda volver a reunirse con ministros como lo ha hecho habitualmente desde principio de año, ya que el viernes por la noche se anunció la postergación de una visita a Colombia, inicialmente agendada para este domingo.
    Es posible que Rousseff cite a sus colaboradores para analizar estrategias futuras que garanticen el éxito de un programa al que define como una "travesía" de austeridad hasta recuperar la senda del "crecimiento y el desarrollo". DCP/ACZ
03/10/2015 20:21