Por Darío Pignotti (ANSA) - BRASILIA, 10 MAR - El Ministerio Público de Sao Paulo denunció al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por lavado de dinero y otros delitos, lo cual abrió un nuevo frente judicial que preocupa al gobierno, que analiza la necesidad de nombrarlo ministro para dotarlo de foro privilegiado.
    Paralelamente el Senado votó una investigación sobre supuesta apropiación ilícita de Lula del patrimonio del Palacio de Alvorada.
    El grupo de fiscales paulistas encabezado por Cassio Conserino acusó a Lula, su esposa Marisa Leticia y uno de sus hijos Fabio Luiz, de haber encubierto la compra y refacción de un departamento en la ciudad balnearia de Guarujá que contó con aportes ilegales de la constructora OAS.
    Esa constructora es, además, una de las empresas cuyos ejecutivos fueron procesados en otra causa, de mayor repercusión, conocida como "Lava Jato", sustanciada por la Justicia Federal por corrupción en Petrobras.
    Lula da silva, que la semana fue indagado en el proceso por Petrobras, ahora fue acusado en San Pablo de cuatro delitos: lavado de dinero, ocultamiento de patrimonio, asociación ilícita y falsedad ideológica.
    Se espera que en los próximos días la Justicia de San Pablo informe si rechaza o acepta alguna o todas las acusaciones del equipo de fiscales.
    El Instituto Lula reiteró hoy que el ex gobernante y líder del Partido de los Trabajadores no es el dueño del referido apartamento en el litoral marítimo paulista.
    La denuncia del Ministerio Público "no tiene base en la realidad, el ex presidente no puede ocultar un patrimonio que no es de él", señaló la ONG de Lula, que la semana pasada fue allanada por la Policía Federal en el marco de la causa por el "Petrolao".
    Entre los 16 denunciados por el procurador paulista Cassio Conserino, de la comarca de la ciudad de Santos, también se incluye el titular de la constructora OAS, José "Leo" Pinheiro.
    Además fueron imputados ex directivos de la Cooperativa de Viviendas del Sindicato de Bancarios, entidad que fue presidida durante años por Joao Vaccari Neto, quien desde 2010 fue tesorero del Partido de los Trabajadores (PT) y es uno de los imputados por corrupción en Petrobras.
    La acusación de la Fiscalía paulista anunciada el miércoles y las averiguaciones abiertas la semana pasada contra Lula en la Justicia Federal de Paraná fueron recibidas con alarma tanto en el gobierno como en el oficialista PT. Senadores petistas que se reunieron con Lula le recomendaron aceptar su nominación en un ministerio para así gozar de foro privilegiado y sortear los eventuales procesos de primera instancia en San Pablo y Paraná.
    En las últimas horas circularon rumores en Brasilia sobre una inminente "bomba" judicial que podría ser detonada por el juez Sergio Moro, a cargo del "Petrolao", quien podría estar concluyendo una orden de arresto contra Lula.
    Más allá de las especulaciones que están a la orden del día en esta Capital Federal, la información confirmada indica que Rousseff ofreció a Lula ocupar algún cargo en el gabinete en la cena del martes pasado y el almuerzo que ambos compartieron el miércoles en Brasilia.
    La presidenta dedicó los últimos días a expresar defensas vehementes de Lula, su padrino político, pero hasta el momento no habló en público sobre su eventual nombramiento, como sí lo hizo el ministro Ricardo Berzoini, jefe de la cartera de Gobierno.
    "A qué equipo no le gustaría colocar a Pelé en el campo? La pelota está siempre con él (Lula); depende de lo que él quiera", afirmó Berzoini reconociendo de manera oficial que el gobierno quiere contar con el ex mandatario.
    Por otra parte, la oposición obtuvo una victoria en el Senado donde fue aprobada la apertura de una investigación sobre presunta apropiación de Lula del patrimonio de los palacios de Alvorada, residencia oficial, y el Planalto, sede de gobierno.
    Durante los ocho años en el gobierno Lula recibió regalos de colegas extranjeros y varias instituciones que -al finalizar su mandato- fueron trasladados en cinco contenedores a una quinta en Atibaia, interior de San Pablo.
    El senador Ronaldo Caiado, del opositor Partido Demócratas, fue el autor del pedido de investigación sobre la legalidad de ese traslado de objetos que Lula recibió como presidente.
    "Pedimos al Tribunal de Cuentas de la Unión que investigue ese tema, hay que recordar que la causa Lava Jato tiene sospechas sobre todo ese traslado de bienes a la quinta de Atibaia", dijo Caiado. DCP/ACZ
10/03/2016 19:03