Por Darío Pignotti
(ANSA) - BRASILIA, 18 MAR - Rogerio Rosso, presidente de la
Comisión Especial para el "impeachment" de la mandataria
brasileña Dilma Rousseff, afirmó hoy que el Congreso va a
prestar atención al "clamor de la calle" por la salida de la
mandataria, un reclamo que recibió renovado apoyo de la
Federación de Industrias de Sao Paulo. "Los que formamos esta Comisión Especial tenemos conciencia
de que el país vive una crisis gravísima, las movilizaciones por
el impeachment fueron muy numerosas, hay que escuchar el clamor
de las calles", dijo el diputado Rosso. Cerca de dos millones de personas, según algunas
estimaciones, protestaron el domingo contra Rousseff, exigiendo
su renuncia o el impeachment en Sao Paulo y las principales
capitales del país.
El diputado Rosso afirmó haber observado una "gran
disposición de la mayoría de los 65 miembros de la Comisión para
que esto se tramite a buen ritmo porque la sociedad nos pide
resultados concretos a la brevedad". Rosso es considerado un político cercano al titular de la
Cámara Baja, Eduardo Cunha, uno de los opositores más
irreductibles de Rousseff y el principal impulsor del
enjuiciamiento político. El reglamento de la comisión establece que Rousseff cuenta
con un plazo de 10 sesiones del plenario como plazo para
presentar su alegato. Y fue para abreviar ese calendario de 10 reuniones de la
Cámara Baja que hoy Cunha convocó a una sesión. Esto a pesar de que los viernes el Congreso nunca realiza ese
tipo de actividades legislativas pues la mayoría de los
diputados regresan a sus provincias los jueves. "Lo mejor para todos es poder resolver esto con celeridad",
afirmó hoy el poderoso Cunha, luego de abrir el debate con 60 de
los 513 diputados, poco más del mínimo reglamentario, lo cual
tuvo como objetivo iniciar el conteo para anticipar la fecha de
defensa de Rousseff. Eduardo Cunha, del Partido Movimiento Democrático Brasileño
(PMDB), anunció que el próximo lunes, que también es un día
inusual para plenarias, presidirá otra deliberación con lo cual
abreviará más el plazo. Una vez concluidas las actividades de la Comisión Especial su
parecer, sea a favor o contra del "impeachment", será sometido a
la consideración de los 513 diputados, y para que sea aprobado
el proceso se requiere el voto de 342 legisladores, es decir una
mayoría especial. El diputado Beto Mansur, primer secretario de la Cámara Baja,
entregó ayer a la Secretaría de Gobierno de la Presidencia la
notificación del inicio del proceso de enjuiciamiento. Mansur también llevó los quince volúmenes que fundamentan el
impeachment en el que se incluyó la delación del arrepentido
senador Delcidio Amaral, ex jefe del bloque del oficialista
Partido de los Trabajadores, que acusa a Dilma de obstruir el
proceso judicial por el escándalo del "Petrolao". En los últimos días, junto con las manifestaciones masivas
contra la presidenta y el ex mandatario Lula da Silva, hubo un
renovado respaldo de la Federación de Industrias de Sao Paulo a
los reclamos opositores. El imponente predio de esa entidad empresarial, una pirámide
de acero y concreto en la Avenida Paulista, fue iluminado con
los colores amarillo y verde, sobre el cual fue desplegado un
listón negro pidiendo la renuncia en solidaridad con las marchas
opositoras de esta semana. Incluso empleados de la entidad ofrecieron comida a los
grupos que acamparon en la Avenida Paulista en una "vigilia"
contra el gobierno y Lula, quien ayer juró como nuevo ministro
pero su designación fue suspendida por la justicia. La Federación paulista ya había exigido la salida anticipada
de Rousseff en diciembre del año pasado pero redobló su
activismo en los últimos días cuando anunció la posible
convocatoria a un lock out. Esta semana se sumó al pedido por el fin anticipado del
gobierno la Federación de Industrias de Rio de Janeiro. Mientras las entidades industriales apuestan a la caída de
Rousseff el mercado financiero conmemora la crisis de un
gobierno que considera ha perdido credibilidad. Ayer luego de que un juez suspendió el nombramiento de Lula
como ministro la Bolsa de Valores de San Pablo recibió
favorablemente ese traspié del gobierno,y cerró sus operaciones
con una suba del 6,6 %, la mayor de los últimos años.
DCP-ADG/MRZ
18/03/2016 18:53
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