Por Margarita Bastías (ANSA) - SANTIAGO DE CHILE, 11 DIC - Los casos de corrupción que quedaron al descubierto durante 2015 en la sociedad chilena resaltaron en el Informe Anual de Derechos Humanos dado a conocer hoy. El documento, dividido en seis capítulos, analiza en primer lugar la "Institucionalidad Democrática y Derechos Humanos", detallando el impacto de casos como Penta, SQM, Caval y Corpesca -que revelaron la relación entre dinero y política, práctica de muchos años pero que sólo hoy se desnuda y se pide una sanción- y su vínculo con los derechos humanos. El texto sostiene que la corrupción puede generar escenarios propicios para la vulneración de derechos y poner al Estado al servicio de intereses particulares, dificultando el cumplimiento de sus obligaciones de promover, garantizar y proteger los derechos humanos. Entre otras recomendaciones, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) recomienda establecer la exclusividad de la labor parlamentaria, eliminar los aportes de empresas a campañas políticas y tipificar los delitos de corrupción entre privados.
    El Informe Anual también se refiere al proceso constituyente en curso, reiterando las recomendaciones realizadas el año pasado sobre los requisitos que debe cumplir cada etapa: confianza ciudadana, participación, paridad de género, representación territorial, transparencia y acceso a la información, e igualdad del voto. Asimismo, pide simplicidad, es decir, que la ciudadanía pueda comprender con facilidad cómo operará en cada una de sus etapas, tanto para el proceso constituyente como en el mecanismo a escoger para el cambio constitucional La seguridad ciudadana es otro acápite en el cual se enfatiza la necesidad de adecuar a los estándares internacionales de derechos humanos el proyecto de ley conocido como "agenda corta antidelincuencia", y recomienda eliminar la norma que establece el "control de preventivo de identidad" pues propiciaría escenarios de arbitrariedad y con escaso control sobre el actuar policial.
    En otros temas presentes, el capítulo 3 "Derechos Económicos, Sociales y Culturales" expone algunos alcances respecto a la reforma laboral que se debate en el Congreso. Puntualmente el INDH sugiere mantener la redacción original del proyecto en cuanto al reemplazo en huelga y no aumentar el quórum necesario para la formación de sindicatos, como se ha planteado en indicaciones a dicha iniciativa.
    Respecto de la situación de conflictividad en la región de La Araucanía, en el capítulo 5 "Territorios y Derechos Humanos", el INDH reitera su llamado a dar reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas y a generar un diálogo amplio entre los distintos actores involucrados en la tensión intercultural que allí se vive. Adicionalmente, insta al Estado a adoptar una estrategia integral para enfrentar hechos de violencia, lo que incluye atender las denuncias de todos los habitantes de la región y proceder a la investigación eficaz de hechos delictivos para la sanción de los responsables y la protección de las víctimas.
    El sexto capítulo del INDH reconoce "muchos avances" en materia de derechos humanos desde que hace 70 años se publicó la Declaración Universal de Naciones Unidas. Menciona que desde 1990 -año de la recuperación de la democracia tras 17 años de dictadura-, se puede afirmar que "la garantía y respeto de los derechos humanos ha ido extendiéndose, en particular por la profundización democrática, la vigencia del Estado de Derecho y la reducción de la pobreza". Pero en un análisis vertical, con cortes que profundizan diferentes momentos, "plantea una severa preocupación por la desigualdad que persiste en el país y, en particular, por la situación de desprotección y vulneración de derechos de ciertos grupos, como por ejemplo las mujeres, los pueblos indígenas, los adultos mayores, los niños/as y adolescentes o las personas privadas de libertad". Frente a este diagnóstico, y en el marco de su mandato legal, el INDH recomendó a los tres poderes del Estado que, por un lado, se avance en la creación y fortalecimiento de normas e instituciones que reconozcan y garanticen derechos y, por el otro, que se desarrollen políticas para enfrentar la desigualdad y la discriminación de los grupos vulnerados. MBA/MRZ
11/12/2015 22:10