Por Oscar Escamilla BOGOTA, 24 (ANSA) - El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró hoy que su gobierno no desistirá en la salida diplomática al problema generado por el cierre de la frontera con Venezuela, en el estado Táchira, mientras 751 personas, entre ellas 139 menores, han sido expulsadas de ese país.
    En un mensaje de Twitter, el mandatario dijo que la Cancillería y el Ministerio del Interior "atenderán afectados por cierre de frontera Vzla (Venezuela, ndr). Esa es nuestra prioridad. No desistiremos en solución diplomática (Sic)".
    Por ahora, el mandatario solo se ha limitado a decir eso respecto a lo que está ocurriendo en la frontera entre el estado venezolano de Táchira y el departamento colombiano de Norte de Santander, donde cientos de personas han sido expulsadas, según ellas mismas, por razón de su nacionalidad.
    El sábado anterior, Santos se había referido al tema, luego de conocerse que el gobierno de su par venezolano, Nicolás Maduro, decretó el estado de conmoción y el consiguiente cierre del paso fronterizo.
    La decisión de Maduro era una respuesta al supuesto ataque de contrabandistas de la zona a cuatro personas, incluidos tres militares, quienes habrían resultados heridos.
    Al cierre del frontera le siguió la salida masiva de colombianos asentados en las cinco poblaciones afectadas por le decreto, que en cifras del gobierno colombiano son hasta ahora 751 personas, 612 adultos y 139 menores de edad, de acuerdo a cifras de Migración Colombia.
    "La decisión que ha tomado el gobierno venezolano es una equivocación que afecta a tachirense y a nortesantandereanos por igual", se lamentó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, enviado por Santos para atender la situación, que la prensa local ya la perfila como una crisis humanitaria.
    La situación ha desbordado la capacidad de atención en Cúcuta, capital de Norte de Santander, a tal punto que el alcalde de la ciudad, Donamaris Ramírez, declaró la calamidad pública por la masiva llegada de colombianos deportados. Santos envió no solo al ministro Cristo a atender la situación, sino que este lunes viajó a la zona la canciller, María Angela Holguín, y del defensor del Pueblo, Armando Otálora, quienes junto a las autoridades locales buscan solucionar el problema en que se ha convertido la llegada masiva de colombianos, muchos de los cuales llevaban años y tenían familias establecidas del otro lado de la frontera.
    El jefe de la cartera de Interior, reiteró el pedido del gobierno colombiano de "respeto por los derechos humanos de los colombianos", exigió revisar cada caso, porque muchos fueron sacados de sus viviendas pese a tener doble nacionalidad, al tiempo que pidió que no se destruyan las casas de expulsados.
    La televisión local se encargó de mostrar la manera como los militares venezolanos marcaron las casas de los colombianos expulsados con una D, que significa para derruir, versión que fue reiterada por varios de los deportados entrevistados a su paso por la frontera.
    Cristo dijo que la orden emitida por el presidente Santos es la de "firmeza y serenidad" frente a lo que está ocurriendo, al tiempo que reiteró que "el mejor camino es el de la cooperación, el de trabajar conjuntamente para enfrenta problemas que preocupa al gobierno venezolano y colombiano".
    Caracas sostiene que la frontera es el punto por donde han ingresado bandas paramilitares que buscan desestabilizar el gobierno y que se encargan de desabastecer los mercados locales, mediante el contrabando de mercancías.
    Al respecto, el alcalde de Cúcuta dijo con ironía que por ahora no había visto los paramilitares de los que hablaba Maduro, sino madres asustadas cruzando la frontera.
    "Yo no sé cómo dicen que aquí nos están deportando miembros de bandas criminales o personas que manejan el gran contrabando, no sé qué asesoría Diosdado Cabello le está dando al presidente Nicolás Maduro que lo ha convertido en el americano más antibolivariano, las personas expulsadas son totalmente humildes", sostuvo Ramírez.
    El mandatario local dijo que el albergue destinada por una congregación religiosa para atender a los expulsados tenía capacidad para atender 120 personas y atiende en este momento a 200, por lo que fue necesario habilitar el coliseo de un colegio local para recibir a más ciudadanos y que seguramente será necesario pensar en un lugar para recibir a los que aún faltan.
    María Corina Machado, la dirigente venezolana de oposición, aseguró hoy que la decisión del gobierno de Maduro busca abrir la posibilidad de un "conflicto" que les permita mantenerse en el poder.
    "El señor Maduro esta absolutamente desesperado al ver el colapso de un estado militarista y mafioso, y ver como la población venezolana está decidida a transitar en paz hacia la democracia y por eso, habiendo logrado que el país esté en una situación de conmoción interna, están buscando conflicto para poder permanecer en el poder", precisó Machado.
    A la tensa calma que se vive en la frontera, ahora se suma la inminente llegada a la zona del ex presidente Alvaro Uribe, a quien Maduro acusa de estar detrás de todo tipo de complots contra su país, en un aparente respaldo a los habitantes y deportados.
    YK7/ACZ
24/08/2015 20:12