Por Oscar Escamilla (ANSA) - BOGOTA, 10 ENE - La próxima semana el gobierno colombiano subastará la participación de la nación en la principal productora y generadora de energía del país, Isagén, una venta a la que se oponen con vehemencia diversos sectores del país.
    La venta del 57,66% de las acciones que posee el Estado en Isagén se llevará a cabo el próximo miércoles en las instalaciones de la Bolsa de Valores de Colombia, con solo dos proponentes en la puja.
    Se trata de la compañía chilena Colbún, filial del grupo empresarial familiar Matte, y del fondo canadiense Brookfield Asset Management (BAM).
    El gobierno ha dicho que aspira a obtener en la puja por lo menos 6,4 billones de pesos, unos 2.000 millones de dólares, dinero que invertiría en la financiación de al menos 25 proyectos viales de gran envergadura.
    Pese a que el gobierno de Juan Manuel Santos ha intentado por todos los medios presentar la venta como provechosa para el país, la oposición a la subasta unió a rivales políticos y tiene en jaque, incluso, la continuidad de uno de los partidos oficialistas que ya anunció su retiro de la coalición de gobierno, si se insiste en la venta.
    Isagén se convirtió con el paso de los años en una de las empresas del Estado mejor valoradas por los colombianos, por su seriedad y por contribuir a la expansión del sector eléctrico de una nación que pese a tener amplios recursos naturales para generar energía, está expuesta a los rigores del clima y a las dificultades de su geografía.
    En la actualidad Isagén produce más del 15% de la energía que demanda el país, mediante una capacidad instalada de 3.032 megavatios, representada en siete centrales hidráulicas y térmicas.
    A lo largo de la semana que concluye, el gobierno se ha empeñado a fondo para defender su posición de vender la empresa. Desde el presidente Santos, así como algunos de sus ministros han salido a la prensa a esgrimir argumentos para justificar la subasta.
    Para el jefe de Estado se trata de "un buen negocio para los colombianos", toda vez que "Isagén es un activo que produce un dividendo, una rentabilidad, pero esa rentabilidad es muy baja comparada con lo que puede producir ese mismo dinero de los colombianos, por ejemplo, apalancando la financiación de las grandes carreteras, las grandes obras que necesita el país".
    Por su parte, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha explicado que ante las situación económica mundial y con la caída en los precios del petróleo, que también han afectado los ingresos del país, se hace necesario mejorar la infraestructura para enfrentar la competitividad que se avisora en las próximas décadas.
    Cárdenas desmintió que los dineros que ingresen por la venta de Isagén vayan a servir para "ajustar las finanzas del gobierno" como lo han dicho algunos opositores a la negociación.
    La puesta en venta de Isagén unió a enemigos políticos acérrimos como el senador izquierdista Jorge Robledo, y el expresidente y actual congresista de derecha, Alvaro Uribe, quienes han criticado duramente la subasta de la empresa energética.
    Mientras Robledo sostiene que el gobierno está vendiendo "la gallina de los huevos de oro a precio de gallina flaca", el expresidente Uribe ha escrito en su cuenta de Twitter que "en derroche publicitario y mermelada Santos se gastó el dinero de la infraestructura que quiere reponer con la venta de Isagén".
    Pero más allá de los dichos de reconocidos contradictores del gobierno, lo que resulta más preocupante es que el Partido Liberal, de la coalición oficialista, le pidiera al presidente no vender Isagén, incluso algunos de sus senadores han amenazado con el retiro de la colectividad de la llamada "unidad nacional", lo que resultaría un daño irreparable para Santos.
    El Partido Conservador, también aliado del gobierno, está dividido entre quienes apoyan la decisión de la venta de la empresa y quienes la rechazan, lo que ha puesto de manifiesto el malestar por la eventual venta de Isagén.
    Por su parte, la ong Red por la Justicia Tributaria anunció que el martes, una vez concluya la vacancia de la justicia local, emprenderá una serie de acciones judiciales para frenar la venta.
    Los opositores a la transacción temen que la empresa una vez pase a manos privadas socave la soberanía energética del país, mucho más cuando la nación está al borde de un eventual racionamiento de energía, por cuenta de los estragos del fenómeno de 'El Niño', además de cuestionar el bajo costo en que el gobierno cotizó sus acciones.
    Contra la venta de Isagén, que lleva años cocinandose, se han presentado cinco demandas en el Consejo de Estado, tres de las cuales se resolvieron en favor del gobierno, dos más están en estudio.
    La Contraloría de la Nación advirtió el viernes que le era imposible atajar la venta de la compañía, pero advirtió de los riesgos de la enajenación de sus acciones a particulares, al señalar que la infraestructura vial no producirá ingresos financieros comparables a los de Isagén, entre otras razones.
    Esta visto que la venta de Isagén podría traer los recursos que tanto anhela el gobierno, pero las consecuencias políticas no han sido del todo calculadas, en un año en el que Santos necesita de todo el respaldo necesario para sacar adelante su principal proyecto, la paz. YK7-MAC/ACZ
10/01/2016 18:30