(ANSA) - BOGOTA, 29 FEB - La Procuraduría General de Colombia abrió hoy investigación disciplinaria contra el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y los altos mandos militares por la presencia de varios negociadores de las FARC, en una población rural para realizar proselitismo político, bajo la custodia de rebeldes armados.
    La investigación de la Procuraduría recae sobre Villegas y los comandantes de las fuerzas militares y el ejército, además de los encargados militares de una división, una brigada y un batallón también del ejército, todos ubicados en jurisdicción donde ocurrieron los hechos. "La anterior decisión se tomó por conductas que posiblemente constituirían faltas disciplinarias, las cuales se investigarán en dos dimensiones", explicó la Procuraduría en su anuncio de investigación.
    Las dimensiones en torno a las que giraran las indagaciones buscan establecer si los militares, por orden del gobierno, despejaron la población rural de Conejo, en el departamento (estado) de La Guajira, norte, para permitir la presencia de los voceros guerrilleros, una acción que está prohibida por la ley local.
    Además de determinar si "las fuerzas militares y de policía dejaron desprotegida a la población civil (...) e indefensa en manos de las FARC", precisó el Ministerio Público.
    "Esta investigación deberá determinar, entre otras cosas, si con dicha desprotección se permitió el uso por parte del grupo guerrillero de un establecimiento educativo, con estudiantes del Conejo, configurándose una presunta infracción al Derecho Internacional Humanitario y una violación a la Constitución Política", agregó la Procuraduría en un comunicado.
    El pasado 18 de febrero se conoció, a través de las redes sociales y ampliado luego por los telenoticieros, que tres jefes guerrilleros se trasladaron de La Habana (Cuba), donde se adelantan las conversaciones de paz, a la población rural de Conejo con el objetivo de hablar con la comunidad local sobre los avances en las negociaciones con el gobierno.
    Los jefes negociadores del grupo rebelde estuvieron en aquella población rural custodiados, todo el tiempo, por guerrilleros armados y sin la presencia de militares, quienes estaban ubicados a las afueras de la población.
    El hecho generó la molestia del presidente, Juan Manuel Santos, quien recordó que los jefes insurgentes solo estaban autorizados para regresar al país con el fin de hablar con sus bases guerrilleras sobre los avances de las conversaciones de paz y no con la población.
    Por tal motivo, Santos suspendió esos viajes y pidió a los países garantes de los diálogos encargarse de tramitar, en el menor tiempo posible, el retorno de los jefes guerrilleros a la capital cubana.
    La situación generó una nueva crisis en el proceso de paz, pese a que las FARC intentaron bajarle el tono a la situación justificando su derecho a explicarle al país los avances de los diálogos.
    Tras los dichos y las justificaciones, las partes se reunieron este fin de semana en La Habana para tratar este tema y la proximidad de la fecha en la que deberá firmarse el acuerdo paz, que sería el próximo 23 de marzo, un día que cada vez se ve más lejano, pues a las conversaciones les falta por superar el último punto de las negociaciones, que tiene que ver con la entrega de armas y cese definitivo del fuego.
    Sin embargo, la apertura de investigación ordenada hoy por la Procuraduría mantiene vivo el tema, que tanto el gobierno como las FARC creían superado.
    Por su parte, el ministro Villegas explicó que no hay una "orden que esté documentada" en la que se precise que el gobierno urgió la salida de los militares de la población donde aparecieron los guerrilleros y aseguró que cercana a la zona había un pelotón móvil de vehículos blindados que suele hacer patrullajes en el sector.
    En su momento, el procurador general, Alejandro Ordóñez, tildó lo ocurrido en Conejo como un "caguancito" en un intento por comparar lo ocurrido con el despeje militar de 42.000 kilómetros que ordenó el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), en el sur del país, para realizar los diálogos de paz con las FARC, que a la postre resultaron fallidos.
    Ordóñez, un funcionario de posiciones ultraconservadoras, es un abierto opositor al proceso de paz, en la misma línea del expresidente y ahora senador derechista Alvaro Uribe (2002-2010).
    YK7/MRZ
29/02/2016 18:28