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Por Marcos Romero
CIUDAD DE MEXICO, 22 (ANSA)- La matanza de 72 inmigrantes de
Sudamérica y América Central (58 hombres y 14 mujeres), en la
localidad de San Fernando, en el estado mexicano norteño de
Tamaulipas, cumple mañana cinco años, sin que hasta ahora se
conozca realmente quiénes son los responsables.
En ocasión de la efeméride, la organización humanitaria con
sede en Londres, Amnistía internacional (AI), señaló que la
impunidad en torno al caso "da luz verde a grupos criminales que
aterrorizan y asesinan a quienes cruzan el país en busca de
seguridad y una mejor vida".
La atroz masacre fue perpetrada el 22 de agosto de 2010, en
un rancho de San Fernando, que todavía en la actualidad es un
lugar peligroso y centro de disputa de bandas criminales por su
cercanía con Estados Unidos y su carácter de zona estratégica
para el trasiego de drogas.
Las autoridades arrestaron a varios responsables, supuestos
miembros de la banda criminal de Los Zetas, pero AI hizo notar
que el gobierno no ha hecho público hasta ahora "si alguien ha
sido sentenciado".
"Por eso, está latente la sospecha de que los responsables
son miembros de bandas criminales y que muchos de ellos
trabajaban en colusión con agentes de seguridad locales".
La autoría intelectual fue atribuida al jefe de Los Zetas,
Heriberto Lazcano, asesinado en octubre de 2012 en un
enfrentamiento con la Marina y fueron detenidos algunos como
supuestos autores materiales, pero subsisten dudas sobre si
realmente son los responsables o meros "chivos expiatorios".
A juicio de la ONG las investigaciones sobre la masacre "han
sido insuficientes" y las autoridades locales y federales "no
han coordinado esfuerzos o informado de progresos a los
familiares de las víctimas".
Ha habido además "demoras extremas" en la identificación de
las víctimas y se han presentado incidentes surrealistas pues
"algunos de los restos fueron enviados a los familiares
equivocados".
El asesinato de los 72 inmigrantes fue el punto de quiebre de
la ola de violencia que bañó de sangre al país desde diciembre
de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró
la guerra al crimen con apoyo de las Fuerzas Armadas.
Hasta ahora se tiene la certeza de que 21 eran hondureños, 14
salvadoreños, 10 guatemaltecos, un ecuatoriano y 4 brasileños,
pues los demás no han sido identificados.
AI considera que desde la masacre de San Fernando, "cientos
de otros hombres, mujeres y niños que intentaban llegar a
Estados Unidos vía México han sido hostigados, desaparecidos,
secuestrados o forzados a ejercer trabajo sexual".
Por si se creía que esta masacre era la cresta de la "feria
del horror" en México, unos meses, en abril de 2011, después se
denunció lo que se conoce como la "segunda masacre de San
Fernando", un asesinato en masa de al menos 193 personas,
encontradas en fosas clandestinas.
La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer
en vísperas del quinto aniversario de este espeluznante episodio
que coordina con 13 organizaciones civiles locales y extranjeras
las labores de identificación de las víctimas restantes mediante
un protocolo unificado por las fiscalías del país.
El 22 de agosto de 2013, la Comisión Forense de la PGR para
la atención a los casos de desaparecidos firmó un convenio con
organismos nacionales y extranjeros para cruce de información.
En estas acciones participan el Equipo Argentino de
Antropología Forense, y organizaciones de desaparecidos de El
Salvador, Guatemala y Honduras, entre otras.
El 24 de agosto de 2010, un sobreviviente de la matanza, el
ecuatoriano Luis Pomavilla, que fue herido en la espalda y
fingió estar muerto, logró escapar del rancho donde fue
perpetrada y pidió ayuda a un destacamento de marina, lo que
permitió a las autoridades descubrir este asesinato masivo.
Las víctimas eran inmigrantes que iban a bordo de dos
autobuses en busca de llegar a Estados Unidos y fueron
secuestrados por hombres armados para exigir rescate a sus
familias o reclutarlos forzadamente a cambio de no asesinarlos.
MRM-ADG/MRZ
22/08/2015 19:35
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