Por Marcos Romero CIUDAD DE MEXICO, 29 (ANSA)- Una espeluznante red de tráfico de niños en el que estarían involucrados altos funcionarios del gobierno del estado norteño de Sonora, fue desmantelada por la policía mexicana, que detuvo hasta ahora a 16 personas.
    Los niños eran arrebatados a madres pobres o con adicciones para venderlos a familias pudiente, que pagaban hasta 20.000 dólares por cada bebé. Cinco niños de 1 a 3 años, que habían sido "vendidos" por la banda, fueron rescatados y puestos bajo resguardo por las autoridades.
    La principal cabeza de la red, Alfredo Arzate, ex subdirector de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, se encuentra en libertad bajo palabra porque fue acusado de "corrupción" pero no de "trata de personas".
    Arzate era encargado de la línea telefónica "Protege" de la misma institución, que servía a víctimas para pedir ayuda en caso de abusos contra niños.
    A través de esta "hot line", se denuncian casos de violencia intrafamiliar y los psicólogos deciden el futuro de los menores reportados, si regresan con sus familiares o se canalizan a centros de asistencia.
    La procuraduría depende del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el principal organismo encargado de los centros de asistencia del gobierno a favor de huérfanos y niño desamparados.
    El director del DIF en Sonora, Agustín Blanco, explicó la Procuraduría General de Justicia del Estado dejó en manos de la institución a los tres menores recuperados.
    Hasta ahora se sabe de al menos 13 casos de niños vendidos de esta manera pero las autoridades creen que podría haber más, porque el negocio llevaba varios años operando, al grado de que algunas de las víctimas podrían haber ya alcanzado la edad adulta.
    Según las primeras investigaciones, Arzate trabajaba en complicidad con un médico que expedía cédulas apócrifas de nacimiento para los niños robados a nombre de los padres adoptivos, a quienes se les daba la calidad de como progenitores biológicos.
    Los niños habrían sido adoptados por familias acaudaladas del país o del extranjero, ansiosas de adoptar pero desesperadas por los complejos y a veces kafkianos trámites burocráticos en la materia que rigen en México.
    Los acusados podrían enfrentar condenas hasta de 40 años por tráfico de infantes.
    El canal local de Sonora, Larsa Visión TV, reveló que Arzate usaba como intermediario a José Hernández, ex director jurídico de la Unión Ganadera de Sonora, quien también fue detenido pero luego liberado bajo palabra, para contactar a existosos empresarios agrícolas interesados en adoptar.
    Los precios de los niños oscilaban entre 100.000 y 180.000 pesos (entre 6.500 y 12.000 dólares) si se trataba de parejas nacionales y de 20.000 dólares si eran extranjeras, principalmente estadounidenses.
    Entre los detenidos figuran la abogada Ariadna Burruel, que trabajaba para el Centro de Atención Integral a Menores del Hospital Infantil de Sonora, que determinaba si niños atendidos por violencia intrafamiliar o recién nacidos de mujeres drogaditas eran aptos para seguir con su padres.
    Arzate, que se hallaba de "luna de miel" en el centro veraniego sureño de Cancún cuando salió a la luz el escándalo, fue interrogado por la policía pero no fue detenido porque gestionó un recurso de amparo (habeas corpus). La procuraduría de Sonora señaló que la información relativa a los niños y las familias que los compraron para criarlos como propios "se mantendrá en reserva" y que se mantiene abierta la investigación, pues existe la sospecha de que hay más funcionarios involucrados. MRM-ADG/MRZ
29/08/2015 20:30