(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 26 ENE - El caso de una diputada mexicana acusada de vínculos con el jefe criminal Joaquín "El Chapo" Guzmán, golpeó al Partido Acción Nacional (PAN, derecha), la principal fuerza de oposición en el país.
    La legisladora local del Congreso del estado norteño de Sinaloa, Lucero Sánchez, de 26 años, fue largamente interrogada el pasado miércoles en la Procuraduría General de la República (PGR) sobre sus supuestas relaciones con el cabecilla del Cártel de Sinaloa, recapturado el pasado día 8 después de casi seis meses de su fuga de prisión.
    En especial, los fiscales la cuestionaron por evidencias de Sánchez, de 26 años, visitó en prisión al Chapo en septiembre del 2014, haciéndose pasar por otra persona y con documentación falsa.
    La detención de la diputada, que fue liberada el jueves, ocurrió un día después de que diera a conocer su decisión de renunciar al PAN, al que la dirigencia declaró que no pertenecía, tras denunciarse sus nexos con Guzmán, de 57 años.
    El ex presidente de México Felipe Calderón (2000-2006), que encabeza la oposición interna de esta entidad política, reclamó airadamente a la dirigencia por este "affaire" y le pidió dar explicaciones detalladas del caso.
    Algunas versiones señalan que Lucero Sánchez, de 26 años, tiene una relación sentimental con el mafioso con quien tendría un hijo.
    La mujer fue postulada por el PAN en alianza con el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) y por el Partido Auténtico Sinaloense (PAS) una fuerza política local, que hasta ahora no han dado ninguna explicación sobre el caso.
    El PRD se ha visto ya salpicado por escándalos como el del ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, involucrado en la desaparición de 43 estudiantes el 26 de septiembre del 2014.
    Margarita Zavala, esposa del ex presidente Calderón, ahora aspirante a la candidatura presidencial, pidió a dirigentes del PAN "dar una explicación, pedir perdón y realizar una investigación interna" para determinar por qué se favoreció la candidatura de la diputada local.
    Por ahora, la legisladora conserva su inmunidad pero se prevé que sea sometida a un proceso en el Congreso de Sinaloa para privarla de ella.
    Anaya, sometido a despiadadas críticas de sus adversarios de dentro y fuera del partido, ha pedido a la PGR acelerar sus investigaciones sobre el caso y anunció una indagatoria interna "hasta llegar hasta las últimas consecuencias". Además, designó como delegado especial en Sinaloa al diputado federal, Federico Döring, para encargarse del asunto.
    "Esto es un asunto de la máxima gravedad, así lo asumimos", afirmó el dirigente. MRM/ACZ
26/01/2016 17:52