Por Marcos Romero (ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 12 FEB - El motín donde murieron ayer 49 reos en la prisión de Topo Chico de la norteña ciudad de Monterrey, dejó al desnudo una vez más la crisis de las cárceles mexicanas, que son, a juicio de ONGs, verdaderas "bombas de tiempo" capaces de estallar en cualquier momento.
    El tema cobra vigencia por cuanto el Papa Francisco, que iniciaba hoy una visita pastoral a México, estará en la prisión de Ciudad Juárez, el próximo miércoles, que alguna vez fue una de las más peligrosas del país y donde conocerá de cerca la situación imperante.
    La organización no gubernamental "Renace", que promueve una justicia plena, señaló que "todos sabían que desde hace muchos años el Estado no tenía el control de este reclusorio, sino los criminales".
    El director de esta entidad, Martín Sánchez, afirmó que "la sobrepoblación, falta de capacitación de los custodios y de modernización e infraestructura" son algunos de los factores bajo los cuales subyace el más grave incidente carcelario en la historia del país.
    Sánchez consideró "urgente" que el gobierno del estado de Nuevo León elabore un plan para recuperar el control de Topo Chico, tras el encarnizado enfrentamiento entre dos bandas que disputaban el control de la cárcel.
    Según el gobierno local, las bandas pertenecen al Cártel del Pacífico, del encarcelado jefe criminal Joaquín "El Chapo" Guzmán y "Los Zetas", que se disputan vastos territorios del país. Tras el incidente, el gobernador Jaime Rodríguez, que no pertenece a ningún partido, blanco de una ola de críticas, gestionó el traslado de 305 reos a otras prisiones del país. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó un "Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria" en 2015 en el cual alertó sobre el riesgo a la "integridad física de los internos" en Topo Chico, por la "sobrepoblación".
    Se estima que albergaba 4.584 reos cuando sólo contaba con la capacidad para alojar a 3.965, aunque ayer el gobierno de Nuevo León señaló que hay 3.800, lo que representa la mitad de la población penitenciaria en el estado.
    En este documento de la oficina del Ombudsman, Topo Chico obtuvo una calificación de 5,72 en una escala del 0 al 10, aunque irónicamente no figura en el "Top Ten" de las 10 peores prisiones del país, aunque si entre las 76 donde los reos son los "amos y señores".
    El reporte también ubicó a Nuevo León como el cuarto estado con las cárceles más peligrosas de México.
    Otra organización civil, llamada "México Evalúa", juzgó "preocupante" que las alertas de la CNDH en torno a las "serias vulnerabilidades en la seguridad en la cárcel de Topo Chico hayan sido sistemáticamente ignoradas por las autoridades".
    "La cárcel constituía un claro foco rojo: el personal de seguridad y custodia era insuficiente", los reos "podían ejercer violencia o control sobre el resto" y en suma "las autoridades no tenían control sobre lo que ocurría", señaló.
    La organización estima que las condiciones que detonaron el motín en Topo Chico son "similares" a las que subsisten en la mayoría de otras cárceles.
    México Evalúa estima que "difícilmente" se podrán "pacificar" las prisiones en el país si se permite "que la propia autoridad cometa delitos" y que haya "espacios de autogobierno y corrupción".
    Frente a este dramático panorama, legisladores urgieron a una reforma "a fondo" del sistema penitenciario y de la sobrepoblación en las cárceles.
    El presidente de la Cámara de Diputados del Congreso nacional, Jesús Zambrano, afirmó que en esta materia "no hay una verdadera política de atención y coordinación entre el gobierno federal y los locales" y hay una mezcla de delincuentes peligrosos con los ordinarios.
    Marko Cortés, del opositor Partido Acción Nacional (PAN) pidió al gobierno del presidente Enrique Peña asumir "la responsabilidad" para corregir las fallas del sistema penitenciario. MRM/MRZ
12/02/2016 19:22