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Por Marcos Romero
(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 6 MAR - Los médicos legistas de
México que trabajan en las oficinas del ministerio público
colaboran en la tortura y los abusos físicos que se ejerce
contra personas detenidas, según testimonios y reportes de
organizaciones humanitarias.
Amnistía Internacional (AI) difundió hace unos días un
reporte en el cual señaló que los médicos de las fiscalías "no
documentan adecuadamente las señales de tortura, lo que permite
que estos casos queden en la impunidad".
En teoría, los protocolos que aplican los médicos y sicólogos
de la Procuraduría General de la República (PGR) están basados
en normas internacionales como el Protocolo de Estambul de la
Orgaización de las Naciones Unidas (ONU).
Sin embargo, en la práctica, "sufren demoras y deficiencias",
afirmó la entidad, con sede en Londres.
"De forma habitual, (los expertos de la PGR, procaduría) no
llevan a cabo los exámenes de acuerdo con las normas
internacionales y hacen caso omiso de señales de tortura y malos
tratos", refiere el documento.
En ocasiones, los médicos son parciales y "encubren a sus
colegas", afirma el reporte "Impunidad Diaria, la Epidemia de
Tortura en México Continúa".
Hay casos documentados sobre víctimas que esperan años antes
de que se les apliquen los protocolos sobre denuncias de
tortura, obstruyendo las investigaciones, afirmó.
"Resulta especialmente inquietante ver como, en ocasiones, el
Dictamen Especializado de la PGR (protocolo) parece funcionar
como un instrumento de impunidad, ya que demora indefinidamente
las investigaciones y bloquea la posibilidad de dictar condena",
indica.
Las denuncias de tortura ante la PGR se duplicaron en un año,
al pasar de 1.165 casos en 2013 a 2.403 en 2014, pero la
dependencia sólo aplicó 185 dictámenes durante 2014, 21 menos
que en 2013, de acuerdo con AI.
El médico legista, o médico forense, tiene la obligación de
evaluar la gravedad de las lesiones de las víctimas para poder
determinar las sanciones aplicables al delito, y para examinar a
los arrestados cuando llegan o se van de la fiscalía para
asegurarse de que no se les hizo daño físico alguno durante el
arresto.
Se les asigna también la tarea de evaluar el estado de las
víctimas e inculpados para asegurarse de que no estén bajo la
influencia de alcohol o drogas en el momento de rendir su
declaración.
En la mayoría de las agencias del ministerio público con
áreas de detención, hay un consultorio del médico legista.
La investigadora Catalina Pérez Correa, experta en temas
carcelarios y judiciales, señaló que "la gravedad de las faltas
del médico en el desempeño de sus responsabilidades no puede
tomarse a la ligera".
"Tanto para las víctimas como para los acusados, estas faltas
son extremadamente perjudiciales. Para las víctimas, las faltas
resultan en que los agresores sean liberados, ya sea por falta
de pruebas o por fallas en la categorización de las lesiones",
afirma. "La negligencia de los médicos significa que los
procedimientos sean conducidos ilegalmente, como hacer que los
acusados declaren mientras se encuentran bajo la influencia de
drogas o alcohol", afirma la especialista en un estudio titulado
"Investigación del delito en la ciudad de México: peritos y
médicos legistas".
La experta considera que los informes rendidos por los
médicos forenses suelen brindar bases "ilegales" a los
acusadores para presentar cargo y sobre ellas se basan los
jueces para condenarlos.
La también profesora de la División de Estudios Jurídicos del
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) estima que
"más allá de los cambios normativos, resulta indispensable una
mejor preparación y control de los médicos" de la fiscalía.
Actualmente, sin embargo, estos especialistas no son
supervisados por nadie en el ministerio público. (ANSA)
MRM/ACZ
06/03/2016 18:16
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