Por Milagros Rodríguez CARACAS, 2 (ANSA)- La oposición venezolana reaccionó hoy al calificar de "ilegal" la decisión del Tribunal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que destituyó a la alcadesa Lumay Barreto, dirigente del partido Voluntad Popular que lidera el político opositor encarcelado Leopoldo López.
    En tanto, Barreto dijo que "luchará" para hacer "respetar" la decisión popular tras tildar de "bochornoso" el fallo judicial que la obligó a separarse de su cargo, que ganó en las elecciones municipales realizadas en 2013 en este país. "Si me toca hacer la entrega me instalaré en Caracas. Yo tengo que luchar porque se respete la decisión de la población del municipio José Antonio Páez, que decidió que fuese su alcaldesa, no nombrar a un alcalde de esta forma tan violenta, arbitraria e inconsulta", afirmó Barreto a medios locales.
    Barreto, de 57 años y docente fue separada de su cargo de alcaldesa del municipio José Antonio Páez del estado Apure, fronterizo con Colombia "por abandono y ausencia absoluta" según la "medida cautelar" de la Sala Constitucional del TSJ.
    Su cargo será asumido por Víctor Blanco, del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
    La decisión judicial contra Barreto responde a la acción de amparo que a fin de febrero pasado interpusieron los concejales chavistas argumentando una supuesta "crisis institucional" que "generó un estado de incertidumbre" en la población "por causa de la ausencia de la autoridad".
    "Lo que estuve afuera fueron 6 días y ahí están las pruebas, pasajes y todo por qué yo me ausente. Hay hasta la copia de una constancia médica, la copia de la operación de mi hijo en Barquisimeto y en Caracas estuve en la Asamblea Nacional de Alcaldes de la Mesa de la Unidad Democrática y estuve en la rueda de prensa", sostuvo la ex burgomaestre. Aunque tildó la situación de "increíble" denunció que se trata de una acción que "venían planeando" los oficialistas desde el año pasado para quedarse con la alcaldía.
    "El TSJ parte de que acepta un acuerdo que hicieron los concejales. Ellos ni siquiera averiguan ni investigan", indicó Barreto, tras recordar que para "declarar la ausencia absoluta o abandono del cargo se necesita que uno esté ausente por 90 días".
    "La ley es muy claro pero así suceden las cosas en este país", lamentó.
    En ese sentido destacó que el fallo judicial todavía no se le ha notificado por lo que "mientras eso no pase yo no puedo entregar la alcaldía".
    "Al dictar medida cautelar sobre un acuerdo del Concejo Municipal del Municipio José Antonio Páez, que pretende destituir a la alcaldesa Barreto, la Sala Constitucional actuó fuera de sus competencias legales", advirtió a través de un comunicado la opositora Asociación de alcaldes de Venezuela.
    Además exigen que se "revoque la inconstitucional e ilegal medida cautelar dictada en contra de la alcaldesa que pretende suspenderla del ejercicio del mandato popular que le dio el pueblo" A su vez, políticos como la ex parlamentaria María Corina Machado se solidarizaron con Barreto tras sostener que su defensa "es responsabilidad de los apureños y de todos los venezolanos". "Pretenden cobrarle su valentía al defender su gente y enfrentar con firmeza la guerrilla, al gobierno y a todas sus combinaciones", afirmó Machado.
    La ex diputada opositora destacó que se trata de un "acto sin precedentes que viola la Constitución venezolana".
    "Un régimen que ultraja la soberanía popular; secuestra, apresa, destituye a la alcaldesa, expulsa a la fuerza diputados de la Asamblea Nacional es una dictadura", afirmó.
    Con la destitución de Barreto se suma otra acción por parte del gobierno de Nicolás Maduro contra dirigentes del partido de López. El año pasado Daniel Ceballos, ex alcalde de San Cristóbal (Táchira) -quien permanece preso- fue destituido de su cargo tras ser acusado de no acatar un fallo judicial para impedir las llamada "guarimbas" barricadas en su jurisdicción durante las protestas antigubernamentales registradas de febrero a junio del año pasado, y que causaron más de 40 muertos y miles de detenidos.
    Ceballos cumplió su pena de 12 meses de prisión pero aún permanece privado de libertad por los presuntos delitos de rebelión civil y agavillamiento, cargos que podrían costarle hasta 25 años en la cárcel, si prospera la acusación del Ministerio Público.
    López, Ceballos y otras 18 personas, entre ellos estudiantes, adelantan una huelga de hambre como medida de presión para que el gobierno libere a todos los llamados presos políticos, cese la represión, violencia y censura y fije la fecha de las parlamentarias a realizarse a fin de este año con observación internacional calificada. RBY-ADG/MRZ
02/06/2015 23:43