Por Oscar Escamilla BOGOTA, 28 (ANSA) - El gobierno de Colombia descartó hoy la posibilidad de romper relaciones diplomáticas con Venezuela, a raíz de la crisis desatada por el trato dado a los colombianos expulsados de municipios vecinos en la frontera común y el incumplimiento de acuerdos entre las dos naciones para superar la situación.
    "Para alguien que casi ha estado la vida entera en la diplomacia el rompimiento de las relaciones es una cosa ya extrema y no lo hemos pensado. El llamado a consultas del embajador es la primera de grandes manifestaciones por la actitud que ha tenido el gobierno de Venezuela y la imposibilidad que hemos visto para trabajar conjuntamente temas específicos", manifestó la canciller colombiana, María Angela Holguín, a radios locales.
    La noche del jueves, el gobierno de Juan Manuel Santos llamó a consultas a su embajador en Caracas, Ricardo Lozano, luego que se impidiera el paso del defensor del Pueblo local, Armando Otálora, al municipio venezolano de San Antonio, estado de Táchira, donde residían centenares de colombianos expulsados, para confirmar el derribamiento de sus viviendas.
    El acuerdo para que Otálvaro visitara la zona surgió tras la reunión de las cancilleres de ambas naciones, que el miércoles anterior se citaron en el balneario colombiano de Cartagena de Indias, con el fin de buscar salidas a la crisis desatada por el cierre de la frontera común decretado por Caracas.
    Según la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, las autoridades de su país apenas habían echado abajo cinco casas, relacionadas todas con actos criminales, y la versión de otros derribamiento era una suerte de mentira mediática de la prensa colombiana e internacional, para afectar la imagen de su gobierno.
    Los acuerdos entre las dos cancilleres también permitiría el ingreso de vehículos a los barrios desalojados para que sus antiguos habitantes recuperaran sus pertenencias.
    Sin embargo, Otálvaro pasó ayer varias horas en la frontera común a la espera de que algún funcionario venezolano habilitara su ingreso, pero nadie se presentó, como estaba acordado.
    En respuesta a la decisión colombiana, Caracas también llamó a consultas a su embajador en Bogotá, Iván Rincón, al tiempo que el presidente Nicolás Maduro anunció que la frontera común se mantendría cerrada.
    Venezuela alega que el paso fronterizo, a la altura del Táchira, sirve para el contrabando de productos de ese país y es fuente de violencias desatadas por supuestos grupos paramilitares, cuyo objetivo principal es afectar la estabilidad del gobierno de Maduro y en general del país.
    Para poner fin al problema, el gobierno venezolano decretó el estado de excepción en cinco municipios de Táchira y el cierre de la frontera por dos meses, además ordenó el desalojó de los colombianos de asentamientos fronterizos, lo que generó la llegada de miles de personas a Cúcuta, la ciudad colombiana del otro lado de la línea limítrofe.
    La canciller Holguín sostuvo hoy que su gobierno no ve problema en la salida de Venezuela de personas sin estatus migratorio definido en ese país, pero lo que no admite su gobierno es el "maltrato" al que han sido sometidas estas personas.
    "Nunca les hemos dicho que no a la deportación de personas que estén irregulares, pero la manera como están siendo tratados es algo que Colombia no puede seguir tolerando", precisó la ministra.
    Además del llamado a consultas del embajador en Caracas, el gobierno de Santos solicitó una reunión urgente de cancilleres de Unasur y un encuentro de las naciones que integran la Organización de Estados Americanos (OEA), para informar de lo que esta pasando con las personas expulsadas de Venezuela.
    Holguín dijo que si la reunión de Unasur no se pude realizar en los próximos días, ese organismo debería enviar una comisión a la frontera de los dos países para que verifiquen y contrasten lo que está ocurriendo.
    "Lo que se puede hacer es que vaya una comisión de Unasur y mire, pero lo que nosotros queremos es que sea ya, que miren lo que está pasando ya y no esperar 10 días a esta avalancha de colombianos asustados", sostuvo la canciller.
    Las imágenes de mujeres y niños cruzando la frontera, por el río que divide a los dos países, ha generado indignación en Colombia, que se ha traducido en la posición de rechazo de partidos políticos y de diferentes sectores, quienes reclamaban el gobierno una posición más fuerte ante las determinaciones de Caracas.
    "Es conmovedor e indignante el maltrato, es una salvajada lo que están haciendo con los colombianos en Venezuela y no podemos seguir tolerando y aceptando esa situación, y por eso las decisiones de carácter diplomático que tomar ayer el presidente, justificó hoy el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
    En un tono más beligerante se manifestó el ex presidente Alvaro Uribe (2002-2010), quien le pidió al gobierno de Santos el retiro de Venezuela como garante del proceso de paz que se adelanta con el grupo guerrillero FARC en La Habana, Cuba.
    "Pedimos y apoyamos todas las medidas enérgicas que tome el gobierno nacional, sin importar lo que ocurra con FARC en La Habana. El tirano no debe continuar como garante de paz que no lo es", manifestó Uribe en un comunicado.
    Por su parte, las FARC dijeron hoy que Venezuela "es y seguirá siendo fundamental para la paz de Colombia" y pidieron "echarle agua al incendio chovinista para promover la unidad e integración de dos naciones".
    YK7/ACZ
28/08/2015 18:36