por Milagros Rodríguez CARACAS, 7 (ANSA) - La orden de captura contra directivos de tres medios venezolanos quedó atrapada hoy entre el rechazo y la aceptación de los gremios periodísticos y analistas políticos.
    Mientras voceros del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) repudiaron la medida que dicen busca "callar" a la prensa crítica y perseguir a la disidencia, analistas con tendencia oficialista afirmaron que la acción judicial está dirigida a defender la "honorabilidad mancillada" de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, sin poner en riesgo ni el ejercicio del periodismo ni el desempeño de la libertad de expresión.
    "Condenamos total y absolutamente este tipo de violaciones que demuestra el estado de minusvalía en el que están los venezolanos, a merced de los antojos dictatoriales de un grupúsculo de gente que evidentemente es minoría", dijo a ANSA, Lisbeth De Cambra, secretaria general del CNP-Caracas.
    A solicitud de los abogados de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, un tribunal de primera instancia ordenó buscar a Alberto Federico Ravell e Isabel Ravell, del portal de noticias La Patilla, Miguel Henrique Otero y Mariana Otero del diario El Nacional y Teodoro Petkoff de diario Tal Cual y quien tiene una medida de casa por cárcel y hacerlos comparecer "mediante la fuerza pública" ante la justicia venezolana.
    Cabello presentó una demanda civil por difamación contra esos medios por haber replicado una información del diario español ABC en la que se aseguró que el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) es investigado por el gobierno de Estados Unidos por sus presuntos lazos con el denominado Cartel de los Soles. "Esta acción no demuestra más que la mano dura, censora, de un gobierno arbitrario y totalitario que quiere terminar por callar la opinión de la gente y busca silenciar y asfixiar a los medios de comunicación nacional, los pocos que quedan independiente", fustigó De Cambra.
    Y agregó que "es como una medida de amedrentamiento a sus directores, a sus empleados periodistas y a la audiencia".
    En total serian unas 18 personas requeridas por el caso, aunque la mayoría no se encuentra en el país. "Se trata de un hostigamiento directo contra tres medios de comunicación en forma simultanea", dijo, tras advertir que continuarán luchando porque "el periodismo se ejerce de pie y las verdades no se pueden decir de rodillas".
    "Vamos a denunciar en las instancias internacionales lo que está pasando aquí, esto no es Cuba y no es el año '58, ni estamos rodeados de tiburones. Esta neo dictadura es un fracaso en si misma porque la aplastó la Internet", afirmó.
    A su vez, Alberto Aranguibel, periodista y analista político con tendencia oficialista dijo a ANSA que la acción emprendida por Cabello "no pone en ningún caso en riesgo el ejercicio del periodismo, el desempeño de los medios de comunicación ni ninguna de las libertades asociadas a la libre expresión".
    "Nada que ver, eso ha sido desde siempre el chantaje de los medios de comunicación privados contra de la sociedad y eso es uno de los graves daños que se le ha hecho a la democracia", puntualizó.
    Explicó que "aquí lo que está sucediendo es que un ciudadano en su condición más común y corriente está acudiendo a los tribunales para defender su honorabilidad mancillada por la infamia y la calumnia de unos medios que se han orquestado en su contra".
    A juicio del analista "no hay ninguna censura" sino "una guerra contra la revolución bolivariana porque está opuesta al modelo neoliberal que promueven los sectores hegemónicos que están controlando las economías del mundo".
    "Es por lo que atacan a la revolución bolivariana y en este caso a los cuadros dirigentes más significativos, más visibles, pero el pueblo venezolano sabe que esos son infamias, infundios, que no tiene ningún asidero en la realidad", destacó.
    En este orden precisó que "si aquí hay un director de un medio que haya desatendido el mandato de un tribunal ya es un delincuente y como tal los tribunales tienen todo el derecho y la obligación de proceder de acuerdo a los lineamientos que se usan".
    "En Venezuela no hay nadie perseguido en función de la libertad de expresión, eso es una infamia que se cae por su propio peso", enfatizó. RBY/MRZ
08/10/2015 00:50