SANTIAGO DE CHILE, 12 (ANSA)- Amnistía Internacional (AI)
volvió a urgir al gobierno de Chile para que acelere el trámite
legislativo de la despenalización del aborto luego que una joven
fuera arrestada en el sur del país tras haberse realizado un
aborto clandestino.
La detención de una joven de 22 años en Temuco (670
kilómetros al sur de Santiago) por el delito de aborto
consentido "demuestra una vez más que las autoridades chilenas
no tienen tiempo que perder para avanzar con legislación
pendiente para despenalizar el aborto", señaló la organización
humanitaria.
La muchacha fue apresada el martes debido a una denuncia de
personal de la salud del hospital donde ella habría llegado con
una hemorragia tras el uso de Misoprostol, medicamento vendido
en el mercado negro para interrumpir el embarazo.
De acuerdo a los datos de Amnistía, la joven quedó con
arresto domiciliario parcial y control mensual de los
Carabineros.
"Criminalizar el aborto es una violación a los derechos
humanos de las mujeres y niñas", señaló Ana Piquer, directora
ejecutiva de Amnistía Internacional Chile. "Es imperativo que a
esta joven se le levante el arresto domiciliario y se le dé la
atención médica que pueda necesitar en el futuro", agregó la
abogada.
El Código Procesal Penal establece que los profesionales de
la salud tienen la obligación de denunciar a la mujer que se ha
hecho un aborto. Esto incluye el delito de aborto consentido.
Esta legislación del año 2000 fue cambiada en 2009 por una
normativa del Ministerio de Salud -durante el primer gobierno de
la actual presidenta, Michelle Bachelet- que señala que no debe
pedirse a las mujeres y niñas que "confiesen" haberse sometido a
un aborto clandestino para recibir atención médica de urgencia.
Sin embargo, no todos los profesionales de la salud
interpretan esta norma de la misma forma, y algunos priorizan la
obligación de denunciar por temor a ser ellos mismos
criminalizados. Desde enero de 2015 se encuentra en el Congreso el proyecto
de ley del gobierno de Bachelet que despenaliza el aborto en
tres causales: inviabilidad fetal, peligro de la vida de la
madre y violación.
Amnistía manifestó hoy que "dentro de dicho proyecto de ley,
es fundamental la aprobación de la norma de excepción propuesta,
para que el deber de confidencialidad médica prime por sobre el
deber de denunciar tratándose de un delito de aborto". La ONG subrayó que la confidencialidad médica es un deber
ético de los profesionales de la salud y una garantía de los
derechos humanos de las personas a la intimidad y privacidad.
"Instamos a las autoridades al más alto nivel a que envíen
una señal clara para que a esta joven se le levanten las medidas
cautelares y reciba atención médica y sicológica si lo necesita,
y se asegure que los y las profesionales de salud no sufrirán
represalias por cumplir con su deber de confidencialidad
médica",
puntualizó Ana Piquer. La profesional aprovechó para exteriorizar su preocupación de
que una nueva joven de 27 años haya sido arrestada por la misma
causa en la comuna de San Ramón, en la zona sur de Santiago. "Estaremos verificando esta información y pidiendo su
liberación si fuera el caso. En el Chile del siglo XXI el
derecho a decidir tiene que ser ya una realidad para todas",
completó Piquer.
MBA-ADG/ACZ
12/11/2015 20:15
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