(ANSA) - MADRID 25 JUN - La ley de amnistía entrada en
vigencia este mes para los encausados por el proceso
independentista catalán, ocurrido en 2017, se aplicó hoy por
primera vez.
El ex consejero de Interior del gobierno regional catalán
Miguel Buch y Lluís Escolá, que era escolta del expresidente
catalán Carles Puigdemont, al que ayudó a huir a Bélgica en 2017
tras declarar de forma unilateral la independencia de Cataluña,
se beneficiaron de la ley del perdón, según acordó el Tribunal
superior de justicia de Cataluña (TSJC).
El tribunal dictó la extinción de la responsabilidad penal
de ambos, que habían sido sentenciados en septiembre pasado a 4
años y medio de cárcel.
Buch fue condenado por malversación y prevaricación por
haber contratado como asesor del departamento de Interior a
Escolá, ex sargento de los Mossos d'Esquadra (policía regional
catalana) para que pudiera ejercer de escolta de Puigdemont en
Bélgica y en los países a los que viajó entre 2018 y 2019,
periodo en el que cobró 57.712 euros de fondos públicos, que no
tendrá que devolver.
La sentencia considera que la malversación entra en los
supuestos previstos por la ley de amnistía para las condenas en
que este delito sirvió para "financiar, sufragar o facilitar"
cualquier acto para reivindicar, promover o procurar la
independencia de Cataluña.
La ley de amnistía solo deja fuera los casos en los que hubo
enriquecimiento personal al margen de los fines del proceso
independentista.
La norma entró en vigor el pasado 11 de junio, tras ser
aprobada en el Congreso de los Diputados, y después de ser
exigida por los independentistas catalanes al gobierno español
de Pedro Sánchez a cambio de su apoyo para su investidura como
premier el año pasado.
Los socialistas calculan que la Ley de amnistía podría
beneficiar a unos 300 encausados independentistas, entre ellos,
el propio Puigdemont, quien podría volver a España sin ser
detenido.
El tribunal también revisó otros ocho casos de activistas y
manifestantes condenados, a quienes ha amnistiado.
Entre ellos, se encuentran tres jóvenes detenidos el primero
de octubre de 2020, durante el tercer aniversario del referéndum
unilateral, que fueron condenados a tres años por atentado a los
agentes de la autoridad, a quienes les lanzaron piedras.
Los otros cinco manifestantes amnistiados fueron condenados
por las protestas del 30 de enero de 2018 durante la investidura
de Puigdemont a penas de entre cinco y 12 meses de cárcel.
(ANSA).