Por Francesca Brunati e Igor Greganti
(ANSA) - MILAN 27 JUN - Después del caso del grupo Campari,
surge otro, más antiguo, sobre una supuesta evasión fiscal por
parte de Google en Italia, estimada por la Policía Financiera de
Milán en poco menos de 900 millones y por la que la agencia
tributaria pide ahora a la empresa web californiana que pague
más de mil millones de euros, incluyendo multas e intereses.
Como ocurrió con la empresa líder en el sector de las
bebidas alcohólicas y no alcohólicas, también en este caso lo
que llevó a la fiscalía de Milán a abrir una investigación fue
la transmisión de los resultados de las auditorías fiscales
cerradas hace un año, junto con la denuncia de uno de los
directores países extranjeros, por la Unidad de Policía
Económica y Financiera.
Verificaciones que plantearon la hipótesis de un
"establecimiento permanente intangible", con sede social en la
capital lombarda, de la sucursal europea que tiene su sede en
Dublín y, en consecuencia, un impuesto evadido (IRES) estimado
en 108 millones sobre una base imponible superior a 400
millones.
A esto se suma, según los cálculos, el impago de regalías en
nuestro país por bienes y servicios intangibles (licencias y
software) suministrados por la empresa irlandesa por valor de
más de 760 millones.
Se trata de cuentas sobre las que la Agencia Tributaria
tendrá la última palabra.
De momento, pidió más de mil millones para resolver la
situación con el Tesoro, pero la cifra se discutirá con la otra
parte y probablemente se llegue a un acuerdo por una cantidad
menor.
No es la primera vez que la multinacional estadounidense es
investigada.
En 2017, el grupo de Mountain View, con un pago de 306
millones, había cerrado las deudas fiscales y también subsanado
situaciones de los 15 años anteriores.
La investigación penal, en la que se inscribió a cinco
directivos por evasión de 98,2 millones de euros en el Impuesto
sobre Sociedades, terminó con un acuerdo y cuatro archivos.
La nueva investigación fiscal, coordinada por los fiscales
Giovanna Cavalleri y Giovanni Polizzi, sigue en cierto modo la
de Netflix, empresa que en mayo de hace dos años pagó
aproximadamente 55 millones 850 mil euros en un solo pago y
abrió una sede operativa en nuestro país.
El grupo estadounidense que distribuye películas y series
de televisión en streaming a través de Internet y que dirige Red
Hastings fue acusado, por primera vez a nivel mundial, de "una
organización estable oculta de una empresa extranjera que opera
en la economía digital", como se explicó en su momento. en una
nota de la fiscalía milanesa-, completamente desprovista de
personal y caracterizada exclusivamente por una estructura
tecnológica avanzada".
Estructura que "habría estado exclusivamente subordinada al
desempeño de funciones corporativas clave para la realización de
sus negocios en el territorio del Estado italiano". (ANSA).