Por Marcos Romero
(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 22 OTT - La pulseada entre la
presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y los jueces que, a base
de recursos de amparo intentan frenar la cuestionada reforma al
Poder Judicial que plantea designar a estos últimos por la vía
del voto popular, se agudizó en medio del debate de si la
mandataria estaría incurriendo en desacato.
Aunque los expertos creen que no está cercana una crisis
constitucional, por el enfrentamiento entre los poderes
legislativo y ejecutivo, por un lado, y el judicial por el otro,
se puso "al rojo vivo" la disputa entre los tres órganos que
integran al Estado por el intento de evitar que se lleven a cabo
los cambios recién aprobados por el Congreso.
El conflicto se agravó después de que la jueza federal Nancy
Juárez dio un plazo de 24 horas el pasado 17 de octubre a
Sheinbaum para retirar del Diario Oficial de la Federación, la
publicación de la reforma al Poder Judicial, que marca su puesta
en ejecución, bajo la amenaza incurrir en desacato si se negaba
y ser condenada hasta a 7 años de prisión.
El desafío fue respondido con dureza por Sheinbaum, quien
dijo que la jueza "no tiene facultades" para intervenir en una
reforma constitucional y anunció que no retirará la publicación,
al indicar que presentará una denuncia en su contra ante el
Consejo de la Judicatura Federal.
La mandataria señaló el lunes que la Ley de Amparo
establece "claramente" que un juez "no puede incidir cuando hay
reformas constitucionales" por lo cual Juárez se estaría
"extralimitando".
Juárez le respondió con el argumento de que "el acto
reclamado no es una reforma o adición" sino un acto previo a la
reforma, por lo que no aplica el artículo 61, y que "hay tiempos
que se deben respetar en un procedimiento legislativo" y no
ocurrió así.
Sheinbaum indicó que su consejera jurídica enviará una
pregunta al Congreso sobre si "es factible" que una jueza pida
no publicar una ley promulgada, puesto que el poder legislativo
fue el que ordenó que se hiciera y acusó a los jueces y
magistrados de "defender sus propios privilegios frente a una
decisión del pueblo de México".
La controversia surgió después de que el sindicato que
agrupa a los jueces acordó el pasado fin de semana continuar
este lunes el paro de labores que mantienen desde el pasado 21
de septiembre, con excepción de los casos urgentes, "en apego a
la responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia en
situación de máxima necesidad".
La medida fue adoptada unos días después de que se realizara
una insaculación (sorteo) de los primeros 658 jueces federales
de casi 2.000 que deberán abandonar su cargo, para realizarse a
mediados del año próximo las primeras votaciones para elegir a
quienes los reemplazarán, aunque ellos tendrán prioridad para
postularse.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces
de Distrito del Poder Judicial (Jufed) señaló que la reanudación
del paro tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial que
implicó cambios constitucionales "refleja la unidad" del gremio.
La medida de fuerza constituye asimismo "un rechazo
contundente y enérgico" a la "infamante tómbola" para sortear
los nombres de los primeros jueces que serán electos por la vía
de las urnas, lo que calificó como "un espectáculo de burla".
La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, denunció que
"el constitucionalismo está sujeto a fuertes golpes de timón"
que ponen a la democracia en una situación "delicada"
especialmente en México. (ANSA) .