ANSA/Chavismo lanza nueva ofensiva judicial contra oposición

(ANSA) - CARACAS, 23 OTT - El régimen chavista de Nicolás Maduro acaba de lanzar una nueva ofensiva contra partidos y líderes opositores, a quienes ahora persigue penalmente tal acusarlos del "robo" de la petrolera Citgo, filial de PDVSA en los Estados Unidos. La filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos será liquidada para pagar a acreedores que demandan a Venezuela por viejas expropiaciones ordenadas por el difunto Hugo Chávez.
    La chavista Asamblea Nacional (Congreso) aprobó un informe este martes en donde acusa a 351 dirigentes opositores de urdir una trama para permitir que Citgo "sea robada por Estados Unidos".
    El informe señala además a los partidos políticos opositores Acción Democracia, Primero Justicia, Voluntad Popular, Vente Venezuela, Un Nuevo Tiempo, Mesa de Unidad Democrática y sus respetivas juntas directivas como presuntos responsables penalmente.
    La Asamblea pide a la Fiscalía que solicite a los tribunales penales órdenes de captura y alertas roja de Interpol "contra todos los involucrados que orquestaron el despojo y el robo de la empresa venezolana", detallan los servicios de prensa del legislativo.
    Eso incluye a las directivas de esos partidos políticos, que a la postre son los líderes que quedan activos de la ya menguada oposición. El 50% de las acciones de Citgo también fue puesto como garantía por el gobierno de Nicolás Maduro para la emisión de unos bonos de deuda pública por $3.370 millones vencidos hace tiempo.
    Los inversionistas de esos papeles también van en contra de los activos Venezuela en Estados Unidos, en un engorroso proceso de cobro judicial radicado en una corte de Nueva York.
    Ahora la Asamblea culpa en el informe final a los partidos opositores de la entrega e inminente pérdida de CITGO.
    El documento aprobado es remitido a la Procuraduría, la Fiscalía y al Servicio de Notarías para pedirle a estos organismos que preparen acciones contras los líderes opositores, incluyendo prohibirles que enajenen sus bienes y congelarles sus cuentas.
    A los opositores les será aplicada una Ley de Extinción de Dominio para embargarles todos sus bienes personales y a los partidos todas sus sedes y edificios, según ordenó Jorge Rodríguez, el radical presidente de la Asamblea.
    Las acciones penales apuntan a exdiputados de la anterior Asamblea Nacional (2016 /2021), donde la oposición tuvo absoluta mayoría, pero que fue neutralizada por el Gobierno y despojada de sus poderes a través del Tribunal Supremo de Justicia. Citgo pertenece a PDV Holding, la filial en Estados Unidos de PDVSA. Es la séptima mayor empresa refinadora en ese país, con capacidad para procesar más de 800 mil barriles por día de crudo en sus tres refinerías. Su valor se estima en unos 15.000 millones de dólares, insuficiente para cubrir todas las demandas. En enero de 2019 Maduro asumió un segundo gobierno para el que fue electo en mayo de 2018 en un cuestionado proceso que no fue reconocido por la perseguida oposición ni por unos 60 países.
    Entonces, con la iniciativa del gobierno de Donald Trump, fue reconocido un "gobierno interino" del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor del partido Voluntad Popular, Juan Guaidó.
    Citgo y otros activos internacionales de Venezuela quedaron entonces fuera del control de Maduro, en manos de una junta directiva "ad hoc", una suerte de gobierno corporativo en el exilio. Según la oposición, eso permitió que Citgo fuera protegida de las sanciones contra el régimen chavista y de varios intentos anteriores de embargo emprendidos por acreedores de Maduro.
    Sucesivas licencias del Departamento del Tesoro en el marco de las sanciones contra el chavismo han evitado hasta ahora una liquidación final de la petrolera, mientras una fila de acreedores presionan para que se complete la subasta.
    Entre la treintena de acreedores en los primeros lugares están la minera canadiense Crystallex International Corp, cuyas minas fueron confiscados por Hugo Chávez sin pago de compensación.
    También cuenta el gigante petrolero ConocoPhillips, un ex socio de Pdvsa cuyos activos fueron confiscados en 2007 y que reclama a Venezuela $8.700 millones por tres proyectos nacionalizados. (ANSA).