Por Massimo Nesticó
(ANSA) - ROMA 24 OCT - "Magistrada militante y corrupta,
espero que alguien le dispare muy pronto, será un día de alegría
y celebración". Silvia Albano, presidenta del poder judicial
democrático y jueza de la sección de Inmigración del tribunal de
Roma, recibe cada día una treintena de mensajes de este tipo. Es
quien no validó la detención de los 12 solicitantes de asilo y
su traslado a Albania, poniendo en apuros las políticas del
gobierno de Giorgia Meloni.
Albano presentó esta mañana una "denuncia integral" ante la
Fiscalía. Mientras tanto, desde el Garante de Privacidad llega
otra norma que irrita a las ONGs y a la oposición: la
posibilidad de que la policía registre el celular del migrante
que no coopere para ser identificado.
Desde hace tiempo, criticada por la centroderecha, que la
califica de "túnica roja" (un apelativo como "jueza de
izquierda") y "pro-inmigrante", Silvia Albano -con el asunto
Albania- se ha convertido en el blanco, acusa la Fiscalía, de
una "campaña de descrédito desatada contra los magistrados
romanos que contribuyeron a construir un clima de conflicto, de
odio, que finalmente trascendió en graves amenazas a su
seguridad y a su vida".
Los mensajes intimidatorios se envían tanto al correo
electrónico del poder judicial democrático como al institucional
y también se publican en las redes sociales.
Las amenazas también se dirigieron a los magistrados de
Palermo y, en particular, a los fiscales del proceso Open Arms,
que evalúa en una causa la prohibición a ese buque de entrar en
un puerto italiano, en 2019, decidida por Matteo Salvini, tras
el rescate de migrantes en el mar.
La denuncia de Albano dará lugar a la apertura de una
causa que será remitida, para su competencia, a la fiscalía de
Perugia. El presidente de la Asociación Nacional de Magistrados
(ANM), Giuseppe Santalucia, invita a todos a bajar el tono:
"elevar el nivel del conflicto alimenta la confusión, el odio y
no beneficia a nadie. No podemos señalar a los magistrados como
enemigos del pueblo, es un mensaje que contamina el debate
público", afirmó.
La solidaridad con Albano provino de la oposición. Debora
Serracchiani, responsable de los aspectos de Justicia del
Partido Demócrata (PD), condenó las "insinuaciones muy graves
que afectan a un magistrado en el ejercicio de sus funciones y
alimentadas por un choque irresponsable entre poderes
estatales".
Para Angelo Bonelli, (AVS, alianza verde y socialistas),
"lo que ha ocurrido es el resultado del clima de ataque contra
el Poder judicial que tiene como objetivo su deslegitimación, un
clima creado artísticamente por la derecha".
El presidente del Senado, el oficialista Ignazio La
Russa, rechazó las acusaciones y condenó "con la mayor firmeza
tal intimidación que nunca puede encontrar ninguna
justificación", porque "se pueden tener ideas y opiniones
diferentes, pero la confrontación civil y el respeto mutuo nunca
deben fallar".
La Liga, integrante de la alianza de Gobierno, hizo saber
que Albano no es la única en el punto de mira, sino que también
"los abogados que asisten a Matteo Salvini en el proceso Open
Arms, empezando por la abogada Giulia Bongiorno, que son objeto
de graves amenazas que han sufrido una multiplicación
preocupante después de la última audiencia en Palermo en la que
se desmintió a Open Arms".
Y mientras se publica en el Diario Oficial el decreto que
define la lista de países seguros con los que el gobierno espera
mantener a los solicitantes de asilo en Albania (veremos si la
orientación de Albano y sus colegas de la sección de Inmigración
cambiará cuando llegue la próxima transferencia de migrantes),
el garante de privacidad, Pasquale Stanzione, ha puesto el
decreto de flujos bajo el microscopio.
En particular, el artículo 12, que permite a las fuerzas
policiales accedan a los teléfonos móviles y otros dispositivos
electrónicos del migrante que no colabore en su identificación.
"Es necesaria una reflexión", dijo Stanzione a la primera
comisión de la Cámara. "Conviene - subrayó - evaluar la
proporcionalidad" de la medida y someterla a examen judicial
antes y no posteriormente. Además, añadió que se debe prestar
especial atención a los menores no acompañados. Filiberto
Zaratti (AVS) se alegra: "la hemos denunciado como una de las
disposiciones más aberrantes de este texto", recordó. (ANSA).