(ANSA) - SAN JOSE 30 OCT - Tras acabar el año pasado con una
cifra récord de homicidios, Costa Rica elevará las penas de
prisión para las personas que utilicen armas prohibidas en el
país.
Un proyecto de ley aprobado en el Congreso establece un plan
que castiga con hasta 10 años de prisión -frente a los 8
actuales- a quienes posean o utilicen armas prohibidas, y con
hasta 20 años si se usan para cometer actividades de
delincuencia organizada.
Se consideran armas prohibidas las que, con una sola acción
del gatillo, disparan en ráfaga más de un proyectil, así como
las largas semiautomáticas, cuyo cargador tenga una capacidad
superior a 10 tiros, y las armas cortas con capacidad superior a
17 municiones.
También aumenta la pena por agredir a otra persona con un
arma u objeto contundente, pasando de entre dos y seis meses, a
entre cuatro meses y dos años.
El proyecto de modificación de la Ley de Armas y Explosivos
y el Código Penal fue impulsado por la diputada independiente
Gloria Navas y el liberacionista Gilberth Jiménez.
Según los diputados impulsores, los homicidios cometidos con
armas de fuego en Costa Rica representaron en 2013 un 68% del
total, porcentaje que aumentó a un 81% diez años después.
El año 2023 fue el más violento en la historia de Costa Rica
con 881 homicidios, lo que supone 262 casos más que en el mismo
periodo de 2022 y una crisis de inseguridad para el país,
considerado uno de los más seguros de América Latina. (ANSA).