ANSA/Argentina: Otro golpe de Milei a la inoperancia estatal

(ANSA) - BUENOS AIRES 4 NOV - El Gobierno de Argentina, que encabeza el ultraliberal Javier Milei, oficializó este lunes el decreto con el que se reglamenta el llamado "silencio positivo", que es el procedimiento que marca que diversos trámites que no sean respondidos por el Estado en un plazo determinado, se resolverán favorablemente para quien interponga ese pedido.
    El decreto se basa en el artículo 31 de la Ley Bases, que estableció un giro de 180 grados en la Ley de Procedimiento Administrativo. Ahora, ante un reclamo sobre bienes públicos, el Estado tiene 60 días para pronunciarse y, si no lo hace en ese plazo, la respuesta se interpretará como positiva.
    Según informa el diario Clarín, la medida alcanza a unas 500 gestiones administrativas. "Si no hay una respuesta explícita, vos podés ir por la positiva", expresaron fuentes de la Presidencia, que subrayaron que se trata de un procedimiento aplicado en otros países, como en Chile o Francia.
    Ese "silencio positivo" es una figura incluida en el artículo 31 de la única ley que el oficialismo logró aprobar en el Congreso y que modifica la 19.549 (Ley de Procedimiento Administrativo).
    Desde las cercanías de Milei elogiaron la medida y expresaron que se trata de un "cambio de paradigma" en la relación con el Estado. "Muchas veces vos vas a un organismo estatal y no podés avanzar con un trámite; uno se queda atrapado porque demoran. Bueno, en este caso, si el Estado no te contesta, se va a poder avanzar, por defecto", señalaron los informantes.
    El decreto busca imprimirle claridad a un asunto espinoso.
    Según marca el texto oficial, "los requisitos para la configuración del silencio con sentido positivo en el marco de una autorización administrativa son: el paso del tiempo y la acreditación en las actuaciones del cumplimiento de las condiciones específicas exigidas por la norma particular.
    Y se agrega que "la medida tiene como objetivo agilizar los plazos de los trámites y evitar demoras indebidas por falta de respuesta de la administración pública, evitando de esta manera que por su inacción el ciudadano pueda hacer ejercicio de los derechos preexistentes".
    "Si un político o un funcionario te quiere complicar y demora un trámite haciéndose el tonto, es como que va a estar dándote el sí, aunque no te lo dé. Esto le da más libertad a la gente y le quita una herramienta al Estado con la cual el político complica o pide coimas: el famoso 'no te muevo el expediente, te lo piso, te lo trabo'", afirmaron desde el Gobierno.
    Empero, la oposición no aliada al Gobierno objeta la medida porque posibilita incontables "negocios inmobiliarios" a los que la administración de La Libertad Avanza y el PRO -el partido de Milei y la fuerza aliada que encabeza el expresidente Mauricio Macri- procuraron abrirles la puerta.
    La legisladora de Unión por Todos (UxP, peronismo, centroizquierda) Juliana Di Tullio había advertido que esta modificación estaba destinada a habilitar "negocios inmobiliarios" de privados pero con bienes del Estado.
    La norma deja a la deriva los inmuebles del Estado y posibilita que cualquiera se pueda quedar con ellos.
    Particularmente las grandes empresas que se asentaron en algunos sin permiso para realizar emprendimientos o desarrollos, planteó la legisladora opositora. (ANSA).