Por Paolo Cappelleri
(ANSA) - ROMA 4 NOV - Hay una parte de la Justicia,
especialmente la asociación Magistratura Democrática, que está
"haciendo la guerra" a las políticas migratorias del gobierno,
al bloquear los traslados a Albania de aquellos a quienes se les
niega el asilo.
Giorgia Meloni está convencida de ello, pero asegura a los
suyos que no tiene intención de retroceder "ni un milímetro".
Además, está segura de que, mientras tanto, deberían cambiar las
normas europeas sobre el derecho de asilo.
En este clima de alta tensión, el mensaje que la premier
envía al reunirse con el vicepresidente del Consejo Superior de
la Magistratura (CSM), Fabio Pinelli, es claramente político: no
busca un enfrentamiento con la Justicia y está lista para
colaborar con quienes desempeñen su papel "de manera no
ideologizada".
El comunicado del Gobierno hablar de una visita que "se
inscribe en el ámbito de una colaboración provechosa y virtuosa,
respetando la autonomía de las distintas instituciones". Y no
podría ser de otra manera, según los preceptos constitucionales.
El encuentro seguramente habrá sido bien recibido por Sergio
Mattarella, presidente de la República y del CSM, quien hace no
más de dos semanas lanzó un llamado en este sentido.
"Entre las instituciones y dentro de las instituciones, la
colaboración, la búsqueda de puntos comunes y la compartición de
decisiones son esenciales para su buen funcionamiento y para el
servicio a la comunidad", pidió el jefe de Estado.
Desde el Palacio Chigi aseguran que la oportunidad del
encuentro fue casual: estaba programado desde hace tiempo y
permitió un análisis exhaustivo de los problemas del sistema
judicial.
Sin embargo, la reunión fue precedida por comunicados
incendiarios de Hermanos de Italia (FDI), el partido de Meloni,
y por sus socios en el gobierno, contra la última orden, del
Tribunal de Catania, que con argumentos jurídicos desmontó la
estrategia de la vía acelerada de repatriación a países seguros
sobre la que se basa el plan del gobierno contra la migración
ilegal, en particular el relativo a los centros en Albania.
En el Ejecutivo, algunos esperan una intervención del CSM
contra jueces como los de Bolonia quienes, mientras tanto,
recibieron el respaldo de los miembros togados del Consejo
Superior de la Magistratura, que pidieron la apertura de un
procedimiento en defensa de la independencia y autonomía
judicial.
Tras la reunión entre Meloni y Pinelli, en el pasado abogado
de varios miembros de la Liga, en el entorno gubernamental se
habla de una especie de "persuasión moral" hacia los
magistrados: el objetivo sería dejar claro que el enfrentamiento
abierto es solo con aquellos "ideologizados" que, según el
sentido de las notas enviadas por el FdI, intentan neutralizar
el esfuerzo del gobierno por combatir la inmigración ilegal y
las repatriaciones.
Con el resto de la Justicia, el diálogo está abierto y es
constructivo, aseguran. Y se mencionan nombres de procuradores
destacados, como Nicola Gratteri y Giovanni Melillo.
Esta distinción se considera crucial en una etapa en la que
la derecha avanza en la separación de las carreras judiciales y
la reforma del CSM, vistas por Meloni como fundamentales para
"liberar a la gran mayoría de jueces que quieren hacer bien su
trabajo del yugo de las corrientes politizadas".
Mientras tanto, en cuanto a las políticas migratorias,
Meloni no tiene intención de retroceder. Su gobierno está
presionando en Europa para acelerar las nuevas normas de la UE
sobre inmigración y asilo, esperadas para junio de 2026. (ANSA).