Por Alejandro Di Giacomo
(ANSA) - BUENOS AIRES 13 NOV - La condena de seis años de
prisión e inhabilitación eterna para cargos públicos para la
expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en
una causa por corrupción en obras públicas, quedó hoy ratificada
por la Cámara de Casación Federal, aunque la sentencia quedará
en firme si la Corte Suprema le da aval, un fallo final que
probablemente se conocerá a mitad de 2025.
Los jueces del fuero de Casación - instancia donde se
presentan recursos extraordinarios que tiene por objeto anular
una sentencia -confirmaron la pena de seis años para la
exmandataria peronista (centroizquierda) y aumentaron a 85.000
millones de pesos (unos 85 millones de dólares) el monto del
perjuicio para el Estado.
La sentencia condenatoria se originó en la llamada causa
Vialidad, que trató el otorgamiento de 51 obras públicas a un
grupo que pertenecía a un empresario amigo de la familia
Kirchner, muchas de las cuales ni siquiera se completaron.
Se la encontró culpable de generar beneficios a Lázaro Báez
-empresario dueño de la constructora Grupo Austral- por medio de
la obra pública vial (carreteras, puentes, rutas). Pero no irá a
prisión hasta que el fallo no quede en firme.
La resolución, de amplio despliegue y resonancia
mediática, será apelada por los abogados de Fernández de
Kirchner -gobernó Argentina en dos períodos de 2007 a 2015- para
que se expida la Corte Suprema, última instancia de apelación
del Poder Judicial, aunque no tendrá plazos inmediatos para
resolver.
Encima, la Corte Suprema se encuentra en un virtual estado
de recomposición de sus integrantes, lo cual podría darle más
tiempo para resolver. Hay en marcha una negociación política
para determinar número de magistrados de ese cuerpo y quienes
serán designados.
El presidente Javier Milei usó sus redes sociales para
celebrar la ratificación de las condenas en la Causa Vialidad:
"Todo llega", escribió el ultraliberal. Y acotó: "Hoy podemos
afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es
culpable de actos de corrupción".
Por unanimidad, los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo
Hornos y Diego Barroetaveña confirmaron las condenas de Cristina
Kirchner, José López, Lázaro Báez y otras seis personas por el
delito de administración fraudulenta en perjuicio de la
administración pública.
Además, por unanimidad, se convalidaron las absoluciones
de Julio De Vido -exministro de Obras Públicas- y otros dos
funcionarios y el sobreseimiento por prescripción de la acción
penal de Carlos Santiago Kirchner -primo del expresidente
fallecido Néstor Kirchner-, acusado durante el juicio únicamente
por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Hubo un solo voto, del juez Hornos, que sostuvo que
también se había configurado el delito de asociación ilícita,
motivo por el cual consideró que Cristina, López, Báez y
Periotti, debían ser condenados por dicha acusación. Un criterio
que no acompañaron sus pares Borinsky y Barroetaveña, por lo que
la hipótesis de asociación ilícita quedó desarmada.
Se trata de un fallo de más de 1.700 fojas, que aborda los
51 contratos viales otorgados al Grupo Austral de Báez -un amigo
cercano a la familia Kirchner- en forma irregular, en donde se
confirmaron sobrecostos.
Justamente Baez se quedó con el 86% de las obras
nacionales licitadas, entre 2003 y 2015, en Santa Cruz, la
provincia de la Patagonia - tiempo atrás gobernada por los
Krirchner- la mitad de las cuales quedaron inconclusas, pero
igual se cobraron del estado los valores establecidos.
Los jueces señalan en su fallo que se puso el Estado en
beneficio de un grupo económico con fuertes lazos comerciales
con la entonces presidenta de la Nación. Los responsables de las
diversas áreas públicas, apunta la sentencia, "omitieron
controlar suficientemente lo actuado por las contratistas, como
así también supervisar mínimamente la marcha de la construcción
de las obras".
Además, los magistrados subrayaron que el grupo
empresarial de Báez tuvo un "crecimiento económico exponencial,
directamente asociado con la asignación de obra pública vial en
el ámbito de esa jurisdicción". Más aún, "Austral Construcciones
tuvo como único ingreso económico los fondos del Estado
nacional" y contó con "un trato preferencial" para lograrlo".
Ayer en víspera de la decisión de la Cámara, Cristina
Fernández dijo que "el verdadero objetivo" del fallo es su
"inhabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad".
"O sea: lisa y llanamente proscripción de por vida. Una vez más
el peronismo y la proscripción. Nada nuevo bajo el sol",
enfatizó.
"Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar",
dijo la expresidenta en un extenso mensaje y adelantó que
continuará trabajando porque sabe "que una Argentina mejor es
posible". (ANSA).