Argentina: En marcha "lawfare" contra CFK, Grupo Puebla

(ANSA) - BOGOTA, 13 NOV - El Grupo de Puebla, que integran expresidentes iberoamericanos de centroizquierda, dirigentes políticos y activistas sociales, rechazó este miércoles lo que consideró "nuevo capítulo de 'lawfare' contra el progresismo argentino", a raíz de la "persecución judicial política y mediática" que se reactivó contra la expresidenta Cristina Fernández.
    A lo que se sumaría la "persecución" al también expresidente Alberto Fernández en la llamada "causa de los seguros", advirtió el Grupo en un comunicado difundido este miércoles en Bogotá y firmado por los expresidentes, Ernesto Samper (Colombia) y Rafael Correa (Ecuador), el juez español Baltasar Garzón, entre otros.
    Para el Grupo de Puebla, hay una "conducta prevaricadora del juez Julián Ercolini", a quien señalan de ser cercano el expresidente derechista Mauricio Macri, quien estaría preparando el "escenario" para condenar a la expresidenta, en un "nuevo capítulo de un vergonzoso proceso de guerra jurídica con fines políticos (lawfare), repleto de irregularidades procesales".
    "A los sectores y actores neofascistas argentinos que están detrás de esta siniestra estrategia y que forman parte de la mafiosa y nueva derecha radical latinoamericana en complicidad con reconocidos políticos extremistas europeos, les notificamos que como lo hicimos en los procesos de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador lo seguiremos haciendo en estos casos a través del Consejo Latinoamericano de Justicia", completó el mensaje.
    Un Tribunal de Casación confirmó hoy la condena a 6 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos para la expresidenta Cristina Kirchner por el delito de administración fraudulenta agravada de bienes del Estado.
    La condena no será definitiva hasta que sea juzgada por la Corte Suprema, lo que sucederá probablemente en marzo.
    Durante el proceso, se juzgó el desvío del 80 por ciento de la obra pública nacional en la provincia patagónica de Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. (ANSA).