(ANSA) - CARACAS, 19 NOV - La ONG Provea, una de las más
reconocidas en la defensa de los Derechos Humanos en Venezuela,
está bajo el ataque del sistema judicial del chavismo y los
activistas temen una escalada peor contra los derechos civiles.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (CICPC) de la policía citó para este miércoles
al coordinador de Provea, Oscar Murillo, a declarar en una
supuesta investigación por delitos de odio, según denuncia la
propia ONG, que ha recibido el apoyo nacional e internacional de
sus defensores.
Murillo anunció que irá acompañado por una docena de los
principales directivos de esta ONG, que tiene presencia en todo
Venezuela, con énfasis en la defensa de presos políticos y de
víctimas de la represión.
Los activistas temen que Murillo sea arrestado y pase a
engrosar la lista de unos 1.800 presos políticos que hay en el
país, incluyendo varios defensores de los derechos humanos,
estudiantes y dirigentes políticos y simples manifestantes.
La Ley del Odio, en la que se pretende encuadrar a Provea
"ha servido para procesar e imputar a cientos de detenidos y
escalar el crimen de persecución por razones políticas",
advierte la ONG.
El gobierno investiga a Provea después que esta pidió una
investigación imparcial sobre la muerte del activista político y
de la iglesia católica Edwin Santos, en el estado Apure, cerca
de la frontera con Colombia.
Testigos dicen que fue apresado por la policía política
Sebin, dos días antes de aparecer muerto, pero el gobierno
afirma que el hombre murió en un accidente de tránsito.
Amnistía Internacional emitió un comunicado de "acción
urgente" en la que exige a Nicolás Maduro "frenar el acoso en
contra de Provea".
"Su contribución histórica a los derechos Humanos en el país
no puede ser castigada ni silenciada", sostiene Amnistía.
Las ONG han denunciado y documentado la represión, abusos
contra la disidencia, crímenes de lesa humanidad y la
persecución política. Por eso son el blanco de turno de un
gobierno que ya ha aniquilado a los partidos opositores y
desmovilizado las protestas.
Estas denuncias nutren expedientes contra el régimen
chavista que cursan ante la Corte Penal Internacional, o los
informes de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, así como
las peticiones de la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos, de la OEA.
Tras la elección presidencial del pasado 28 de julio, en las
que el oficialista Consejo Nacional Electoral declaró ganador a
Maduro sin mostrar las pruebas de escrutinios, arreció la
represión contra los disidentes.
"Centenares de personas salieron a las calles para que el
CNE respete la voluntad popular y haga un conteo transparente de
todas las actas, garantizando los derechos de la ciudadanía",
publicó Provea sobre aquellas jornadas.
También documentó y denunció cómo bandas armadas civiles del
chavismo, por aquí llamados "colectivos" dispararon en las
calles con el apoyo de la Guardia Nacional y la Policía
Nacional para reprimir a "manifestantes pacíficos que alzan su
voz contra las injusticias y las condiciones de vida".
El régimen de Maduro dice que a los 25 muertos durante estas
jornadas los asesinaron la dirigente opositora María Corina
Machado y el candidato Edmundo González, que enfrentó a Maduro y
según la oposición lo derrotó por amplia mayoría, pero el
chavismo cometió un "fraude masivo" y un "golpe electoral".
Los integrantes de Provea tienen protección de la CIDH,
pero como el chavismo sacó a Venezuela de la OEA esas órdenes no
tienen ninguna aplicación práctica.
La ONG ha documentado 592 ataques contra defensores de
derechos humanos solamente en el primer semestre de 2024, un 92%
más que en igual período de 2023.
Un Informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de
la ONU señala que la legislación venezolana obstaculiza la labor
de las organizaciones de la sociedad civil y humanitarias,
algunas de las cuales se enfrentan a procesos penales
relacionados con su trabajo. (ANSA).