(ANSA) - CARACAS, 20 NOV - El régimen de Nicolás Maduro
endurecerá aún más los castigos contra la disidencia, y se
propone elaborar una nueva ley para perseguir como "traidores a
la patria" a quienes apoyen las sanciones extranjeras contra el
chavismo.
Cuando ni siquiera ha comenzado el nuevo gobierno de Donald
Trump, con dominio de los republicanos en el Ejecutivo y en el
Congreso de Estados Unidos (además de en la Corte Suprema), ya
hay evidencias de que en las relaciones con el régimen chavista
habrá poco espacio para las negociaciones.
Republicanos y demócratas respaldan la llamada "Ley
Bolívar", para apretar sanciones a ciudadanos y empresas
estadounidenses que hagan negocios con el gobierno no reconocido
de Maduro.
El proyecto excluye a negocios que hoy tienen licencias de
la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), como las
operaciones de empresas socias de Petróleos de Venezuela
(PDVSA).
También excluye actividades de interés para Estados Unidos,
así como ayuda humanitaria o en atención de desastres.
El chavismo reaccionó con furia y responde con su propia ley
en la Asamblea Nacional, donde tiene control pleno.
"Ellos creen que con este tipo de medidas nos van a doblar.
Cada vez que vengan con una acción de agresividad, Venezuela
responderá de la misma manera, a través de sus leyes", expresó
el presidente del legislativo, el chavista radical Jorge
Rodríguez.
Este miércoles, una comisión especial nombrada en la víspera
debía entregar el proyecto de esta ley que se espera sea
sancionada el 26 de noviembre, según Rodríguez.
Llamada "Ley Especial Libertador Simón Bolívar contra el
Bloqueo y por la Defensa de Venezuela", incluirá "la
inhabilitación política a perpetuidad de aquellos que hayan
cometido actos tan lesivos, actos tan brutales en contra de la
República", advirtió.
Declararán traidores de la patria y confiscarán los bienes
a través de la "extinción de dominio" de quienes "han solicitado
sanciones que han impedido el ingreso de recursos para el país".
Los juicios se llevarán inclusive contra acusados que estén
fuera del país.
"Esta ley no puede incluir solo la inhabilitación política,
sino que también se penalicen los crímenes con cárcel", reafirmó
Rodríguez.
Los chavistas apuntan a dirigentes políticos en el exilio
como Leopoldo López, Juan Guidó, Julio Borges, Edmundo González,
entre otros. Incluso van por la líder de la oposición, María
Corina Machado, quien dice seguir en Venezuela, en la
clandestinidad.
Hoy Machado respaldó el proyecto del Congreso de Estados
Unidos, con lo que se pone más al centro de la línea de fuego
del chavismo.
En sus redes sociales dijo que conversó con el senador Rick
Scott, (republicano por Florida), uno de los promotores de la
Ley Bolívar.
"El pueblo venezolano valora profundamente su inquebrantable
apoyo, estimado senador Rick Scott", escribió Machado.
"Contamos con su continuo apoyo para una transición
democrática, tal como fue el mandato tras la épica victoria del
pueblo de Venezuela el pasado 28 de julio", agregó sobre las
elecciones presidenciales en las que fue declarado ganador
Maduro, mientras la oposición denuncia un fraude masivo.
"La Ley BOLIVAR envía un mensaje claro al régimen: la
represión y las actividades criminales tienen consecuencias, y
nadie podrá normalizarlas. Ahora es el momento de actuar. Hasta
el final!!!", reafirmó Machado.
Otro de los promotores de esta ley es el senador Mike Waltz,
designado por Trump como su futuro asesor de Seguridad Nacional,
lo que da más indicios del esperado endurecimiento de la
política de Estados Unidos contra el gobierno de Maduro y sobre
las respuestas del chavismo contra los pocos rivales que quedan
en el país, pues la mayoría de los dirigentes están presos, en
el exilio o escondidos.
Los bienes incautados "a estos criminales y a sus asociados"
serán destinados a contribuir con el gobierno "en la lucha
contra el bloqueo", como el chavismo llama a la batería de unas
900 sanciones que le ha aplicado Washintgon a la elite del
gobierno por sus atentados contra la democracia y los Derechos
Humanos. Las medidas también alcanzan a PDVSA y a la República.
(ANSA).