Por Laurence Figá-Talamanca
(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Después de más de un año de guerra y
44 mil muertes palestinas, la Corte Penal Internacional (CPI) ha
emitido sus primeras órdenes de detención por crímenes de guerra
y crímenes contra la humanidad cometidos en la Franja y en
Israel después del 7 de octubre de 2023.
En la mira de los jueces de la Sala de Primera Instancia
acabaron -a petición del fiscal jefe Karim Khan- el primer
ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de
Defensa, Yoav Gallant (después derrocado por el propio premier),
así como el jefe militar de Hamás, Mohammed Deif, a quien
Israel cree que mató en un ataque a Gaza.
La reacción indignada e irritada de Israel fue inmediata,
empezando por la de los dos dirigentes cuestionados: desde La
Haya "una decisión antisemita" digna de "un nuevo juicio a
Dreyfus", tronó Netanyahu en su despacho, mientras que para
Gallant el Tribunal" pone a Israel y Hamás al mismo nivel,
fomentando el terrorismo". Sin mencionar a Deif, la facción
palestina valoró, en cambio, "el importante paso hacia la
justicia".
Estados Unidos y Argentina inmediatamente se pusieron del
lado de Israel. La administración Biden ha hecho saber que
"rechaza categóricamente" la decisión de la CPI, diciendo que
está "profundamente preocupada" y no reconoce la competencia de
la Corte "sobre esta cuestión", mientras que, para Javier Milei,
"se ignora así el derecho legítimo de Israel a defenderse de los
constantes ataques de Hamás y Hezbolá".
La Unión Europea, a través de la voz del Alto
Representante saliente para la Política Exterior, Josep Borrell,
defendió, en cambio, a los jueces de La Haya: la suya "no es una
decisión política, sino la decisión de un tribunal que debe ser
respetada y aplicada", afirmó, al tiempo que subrayó que "la
tragedia en Gaza debe terminar". A continuación, el diplomático
español recordó que se trata de una "decisión vinculante" que
todos los países de la UE deben cumplir.
Los 124 Estados partes de la CPI que han firmado el
Estatuto de Roma están de hecho obligados a ejecutar órdenes de
arresto si alguien buscado por la Corte ingresa a su territorio,
incluidos jefes de Gobierno, como en este caso. Una obligación
que hará muy difícil que Netanyahu pueda viajar al extranjero a
partir de ahora, incluso en sus funciones como primer ministro.
Un llamamiento del fiscal recordó también las
obligaciones de los países miembros: "Contamos con su
cooperación", declaró, defendiendo también su actuación. Las
solicitudes de detención "fueron formuladas tras una
investigación independiente y basadas en pruebas objetivas y
verificables, examinadas mediante un proceso forense", explicó.
Y luego anunció que su oficina continúa investigando, dados los
"informes de escalada de violencia" y otras violaciones del
derecho internacional humanitario que aún continúan en Gaza y
Cisjordania. Israel revivió las acusaciones de "acoso sexual"
que circularon recientemente en los medios contra Khan,
calificándolo de "fiscal corrupto".
El primer país que aseguró a la CPI su plena colaboración
fue los Países Bajos, que entre otras cosas alberga la sede de
la Corte en La Haya. Italia, según comentó el ministro de
Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, "apoya a la CPI" y "evaluará
junto con nuestros aliados cómo comportarse juntos en este
asunto". Mientras que su colega de Defensa, Guido Crosetto,
considerando "equivocada" la decisión del Tribunal, afirmó que
si Netanyahu y Gallant "vinieran a Italia, tendríamos que
arrestarlos, porque respetamos el derecho internacional".
Sin embargo, es difícil imaginar que ambos acaben en
prisión en La Haya. Se trata de las primeras órdenes de
detención contra los dirigentes de un país habitualmente apoyado
por Occidente.
El asunto no tiene nada que ver con los otros
procedimientos en curso, también en La Haya pero ante la Corte
Internacional de Justicia, sobre las acusaciones contra el
Estado de Israel de cometer "genocidio" contra los palestinos,
formuladas principalmente por Sudáfrica. La CPI persigue
responsabilidades individuales, en este caso de los líderes de
las FDI (fuerzas de defensa israelíes) y otras agencias del
gobierno israelí. Y muchos observadores creen que los mandatos
tienen un valor ético, un recordatorio de que incluso la guerra
tiene sus reglas. (ANSA).