Venezuela: ONG Provea pide castigar a responsables de abusos

(ANSA) - CARACAS, 21 NOV - La ONG Provea, una de las más reconocidas en la defensa de los Derechos Humanos en Venezuela, ratificado que seguirá defendiendo a las víctima del autoritarismo, pese a que es procesada por la fiscalía chavista bajo una peligrosa "ley del odio".
    El coordinador de Provea, Oscar Murillo, fue interrogado durante cinco horas por la policía de investigaciones CICPC en medio de una investigación de la Fiscalía por un supuesto delito contemplado en la "Ley contra el odio, por la convivencia y la tolerancia".
    Según activistas y políticos, esa ley es uno de los instrumentos más usados por el chavismo para perseguir a opositores.
    En un comunicado este jueves, Provea denuncia que ese tipo de citaciones "genera un efecto intimidatorio en la sociedad civil".
    "Exigimos que se detenga la criminalización, el hostigamiento y la persecución hacia las ONG en Venezuela", dice Provea, que ha recibido respaldo de otras organizaciones locales a internacionales.
    "El Ministerio Público venezolano (fiscalia) no es un poder independiente, se ha convertido en un instrumento clave de Maduro para la criminalización y judicialización de las personas y organizaciones que hacen denuncias sobre los graves abusos contra los derechos humanos en Venezuela", sostiene.
    Entre esas denuncias recientes, Provea demanda investigar de manera imparcial la muerte del activista Edwin Santos, de la iglesia católica y del partido opositor Vente Venezuela, en octubre.
    Santos, de 36 años, apareció muerto en una carretera del estado Apure (sur). Según el gobierno de Maduro, el hombre murió en un accidente de motocicleta. Pero denuncias de familiares y allegados dicen que varios testigos vieron cuando se lo llevaban agentes encapuchados de la policía política Sebin.
    "Enfatizamos que ninguna circunstancia de amenazas, hostigamiento o actos de persecución por parte de las autoridades venezolanas apartará a Provea de su labor ininterrumpida de acompañamiento a las víctimas, de documentación, investigación y difusión pública de los graves abusos contra los Derechos Humanos en Venezuela", dice la ONG que suma 36 años de trabajo.
    Reitera que hay "una vertiginosa escalada de abusos" tras la elección presidencial del 28 de julio, que ha dejado más de 2.000 detenciones arbitrarias, al menos 25 personas asesinadas, desapariciones "y un clima de terror y miedo tras la masiva represión contra opositores, activistas, periodistas y la población en general". (ANSA).