(ANSA) - CARACAS, 09 DIC - Las nuevas leyes aprobadas por el
régimen chavista crean el mecanismo para sustentar un gobierno
de facto a partir del 10 de enero, cuando Nicolás Maduro se
dispone a asumir un tercer período de gobierno tras las
cuestionadas elecciones del 28 de julio, advierten varias ONG.
La coalición "Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento",
que agrupa a organizaciones nacionales de derechos humanos que
hacen investigaciones y denuncias públicas, advierte que la
acelerada aprobación de leyes "abiertamente inconstitucionales",
intentan crear un sistema de administración de "justicia" que
sustente al gobierno sin legitimidad de origen.
"La complementariedad de estas tres leyes, junto a otras que
han sido aprobadas en el pasado, generarán el cierre casi total
del espacio cívico en el país, y la prohibición del ejercicio de
los derechos civiles y políticos de la población", denuncian.
La más grave es la llamada "Ley Orgánica Libertador Simón
Bolívar", supuestamente para castigar a quienes "promuevan,
invoquen, respalden o participen en la imposición de medidas
coercitivas unilaterales", tanto financieras como individuales.
Se refiere a sanciones que aplica Estados Unidos al chavismo
en represalia a sus ataques a la democracia y los derechos.
También se penalizará con 25 a 30 años de cárcel a quien
desconozcan a las autoridades y actos del poder público,
colaboren con organismos extranjeros o promuevan, soliciten o
respalden ataques cibernéticos o acciones insurreccionales.
Pero, "la ambigedad de los supuestos delitos dará paso a la
interpretación discrecional de las autoridades para criminalizar
cualquier acto de disidencia en el marco del ejercicio de los
derechos inherentes al espacio cívico", advierten.
Cualquiera que solicite ante organismos internacionales
decisiones contra violadores de DDHH pudiera ser castigado por
esta ley, por poner en riesgo "la soberanía, independencia,
autodeterminación e integridad territorial de la República".
La otra nueva Ley ya vigente es la que regula el
funcionamiento de las ONG y que establece un engorro mecanismo
de registros y sanciones que llevan al cierre de estas
organizaciones.
El chavismo también acaba de poner en vigencia una nueva ley
que establece la elección de 50.000 jueces de paz, funcionarios
alineados con las directrices del régimen y que ejercerán un
mayor control social en comunidades donde ya se premia la
delación de opositores. (ANSA).