(ANSA) - SANTIAGO DE CHILE, 13 DIC - Un recurso de protección
contra los ministerios de Minería y Desarrollo Social presentó
una comunidad aymara que habita cerca del quinto salar más
grande de Chile por "graves errores" y "omisiones ilegales" y
arbitrarias en el decreto que convoca la consulta indígena del
Contrato Especial de Operación del litio (CEOL) en el salar.
La acción judicial fue acogida a trámite por la Corte de
Apelaciones de Iquique el pasado viernes y estableció un plazo
de 10 días a los demandados para responder. La acción judicial
despierta temores.
Vivos en la memoria están todavía los recursos de
protección que, en 2022, durante el gobierno de Sebastián
Piñera, interpusieron comunidades atacameñas y que entonces
paralizaron los procesos de licitación para la explotación del
litio por saltarse la consulta indígena.
En el mercado del litio temen que pueda detener las
faenas. Y en el plano político ya se escuchan críticas que
pueden abrir un nuevo flanco de conflicto en el gobierno de
Gabriel Boric. El Ministerio de Minería instruyó la consulta
indígena a seis comunidades, pero esta no fue considerada.
"Fuimos marginados del proceso de consulta, es una omisión
inexplicable por parte del Estado, ilegal y arbitraria, pues
excluye a una de las colectividades, si no la que más, por la
exploración, explotación y beneficio de litio en el salar de
Coipasa", señalan desde la comunidad aymara de Ancovinto,
habitantes originarios de Colchane, poblado ubicado en el
altiplano andino, en la frontera con Bolivia, donde se ubica el
salar.
Situado a más de 3.600 metros de altitud, con una
extensión de 2.238 km2, sus impresionantes espejos de sal se
extienden a lo largo de 70 km de largo y 50 km de ancho, y forma
parte de un triángulo de salares que concentra el 53% del litio
a nivel global; aunque la mayor parte del salar se encuentra en
territorio boliviano. (ANSA).