(ANSA) - CARACAS, 16 DIC - La fiscalía venezolana anunció más
excarcelaciones, mientras se acumulan las acusaciones de
desapariciones forzadas tras la denuncia de la muerte de un
preso político y la advertencia del gobierno colombiano de que
se preserven los derechos humanos de los asilados en la embajada
argentina de Caracas.
Un comunicado de la fiscalía anunció hoy que ya suman 533
las excarcelaciones de personas detenidas tras las elecciones
del 28 de julio.
Entre el 10 y el 14 de diciembre, detalla la nota, el
Ministerio Público solicitó y fueron acordadas por el Poder
Judicial "179 revisiones de medidas a procesados tras los hechos
de violencia ocurridos tras la celebración de las elecciones
presidenciales del día 28 de julio".
Estas excarcelaciones se suman a las 354 medidas solicitadas
y acordadas previamente, para un total de 533, añade la
fiscalía, denunciada por activistas de los derechos humanos y
por la misión independiente de la ONU como un brazo ejecutor del
chavismo para hostigar y perseguir opositores.
El pronunciamiento ocurre en medio de presiones de
familiares y activistas de unas 2.000 personas que siguen en
prisión tras haber sido apresadas de manera arbitraria durante
operaciones masivas o selectivas.
También siguen los secuestros y desapariciones sin órdenes
de arresto ejecutadas por agentes encapuchados portando armas
largas, a bordo de camionetas sin identificar.
En las últimas horas, los familiares del activista y
profesor universitario Jesús Armas, exconcejal de Caracas y
activista de derechos humanos de prisioneros políticos,
denuncian que pasados tres días no saben de su paradero.
Armas fue secuestrado por agentes a la salida de un café en
el barrio de Las Mercedes, de Caracas, el viernes pasado. "He
ido a todos lados y nadie me dice nada. Solo quiero que me
devuelvan a mi hijo sano y salvo. Lo necesito", declaró su
madre, Amanda Monasterios a las puertas de la Dirección de
Inteligencia Militar, tras haber recorrido varias dependencias
oficiales.
Por su parte, el comité de Derechos Humanos del partido
Vente Venezuela, de María Corina Machado, denuncia que el
domingo fue secuestrado en plena calle el dirigente político
Luis Palocz, candidato a alcalde del municipio Chacao, de
Caracas. Fue capturado también por agentes encapuchados y se
desconoce su paradero.
El régimen de Maduro también enfrenta nuevas acusaciones por
la muerte en prisión por causas desconocidas del preso político
Jesús Álvarez, en la ciudad de Anaco, en el oriente del país.
Su cuerpo fue sepultado el domingo por su hijo, Jesús Alejandro
Álvarez, y bajo hostigamiento de funcionarios policiales. Estaba
detenido, al igual que su esposa, luego de haber sido
aprehendido en las redadas colectivas contra manifestantes.
Las detenciones arbitrarias también alcanzan a extranjeros.
Activistas denuncian la detención del ciudadano peruano Rafael
Meléndez, de 61 años, arrestado hace 56 días por la Dirección de
Inteligencia Militar en el estado Táchira, fronterizo con
Colombia.
Uno de los casos más notables es el del gendarme argentino
Nahuel Agustín Gallo, preso también en Táchira cuando intentaba
ingresar a Venezuela a visitar a su esposa y a su hijo, que
residen en Venezuela.
Por otra parte, el gobierno colombiano le exigió hoy a su
par venezolano respeto por los derechos de las seis personas que
se encuentran asiladas en la Embajada de Argentina en Caracas,
quienes han sufrido asedio por parte de las autoridades de esa
nación.
"Reiteramos nuestra solicitud expresa a las autoridades de
la República Bolivariana de Venezuela para que se apeguen a los
principios del Derecho Internacional, en particular en relación
con la situación de las seis personas solicitantes de asilo
político que permanecen bajo custodia en la sede diplomática de
la República Argentina en Caracas, con los auspicios de la
República Federativa de Brasil", reclamó la Cancillería
colombiana.
Bogotá reiteró su "compromiso inequívoco con la defensa de
los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario,
especialmente en el contexto de la situación en Venezuela" y
recordó que la situación ocurrida en la Embajada de Argentina
comenzó el marzo y desde entonces junto con Brasil han ofrecido
su "buenos oficios para garantizar la protección y asumir la
custodia de dicha sede diplomática", pero al parecer no han
recibido respuesta.
"Respetando plenamente la soberanía y autodeterminación del
pueblo venezolano, Colombia continuará insistiendo en la
necesidad de proteger y garantizar los Derechos Humanos en todos
los espacios, al tiempo que apoya de buena fe los esfuerzos
internos y multilaterales orientados a la paz política y la
estabilidad en la región", urgió el Ministerio de Exteriores
desde Bogotá. (ANSA).