(ANSA) - CARACAS, 17 DIC - El gobierno de Nicolás Maduro
arremetió contra Canadá después que se país sancionara a cinco
funcionarios chavistas señalados de participar en un fraude
electoral el 28 de julio contra la oposición.
A través de un comunicado oficial, el ministro de Relaciones
Exteriores, Yván Gil, afirmó que Venezuela "rechaza de manera
contundente las Medidas Extorsivas en contra de funcionarios
venezolanos, que pretende imponer el Gobierno de Canadá".
La acción, dijo, "confirma, una vez más, su papel servil
como esclavo de los intereses imperiales de Estados Unidos".
Gil sostiene que esas "acciones ilegales contra funcionarios
legítimos" no son más que un intento de presionar a Venezuela,
"demostrando la humillación y el descrédito internacional del
gobierno canadiense como un peón disminuido y subordinado al
gobierno estadounidense".
Al anunciar las sanciones (las cuartas desde 2017 contra
funcionarios chavistas) el gobierno de Justin Trudeau afirmó que
"Canadá sigue profundamente preocupada por las actividades
desestabilizadoras y antidemocráticas del régimen de Maduro y la
amenaza que suponen para los venezolanos y la región".
"Canadá es inquebrantable en su compromiso con los derechos
humanos, el Estado de derecho y la democracia en Venezuela y en
toda la región", según la ministra de Asuntos Extranjeros,
Mélanie Joly.
El gobierno venezolano replicó que "Canadá se arrodilla a
las órdenes de Washington" , mientras Venezuela sigue "sin
atender chantajes externos ni injerencias vergonzosas".
Las nuevas sanciones alcanzan a cinco funcionarios del
gobierno de Maduro "que están comprometidos en actividades que
directa o indirectamente socavan la democracia en Venezuela",
dice el ministerio canadiense en un comunicado oficial.
Los funcionarios sancionados son Caryslia Beatriz Rodríguez,
presidenta del Tribunal Supremo de Justicia; Juan Carlos Hidalgo
Pandares, magistrado del mismo tribunal; Rosalba Gil Pacheco,
miembros del Consejo Nacional Electoral; Edward Miguel Briceño,
juez y Luis Ernesto Dueñez Reyes, fiscal que armó un expediente
pidiendo encarcelar a Edmundo González, el candidato que según
la oposición es el verdadero ganador de la elección. (ANSA).