Por Ludovico Mori
(ANSA) - BUENOS AIRES, 31 OTT - Una calle residencial
estrecha flanqueada por una arquitectura elegante y de árboles
de jacarandá. Es aquí, en el corazón de Palermo, uno de los
mejores barrios de Buenos Aires, donde la pareja de vénetos,
detenida en el aeropuerto de Ezeiza mientras intentaba abandonar
Argentina con una recién nacida de dos semanas en brazos,
encontró alojamiento temporal, esperando entender qué será de su
caso.
Por el momento no hay acusaciones formales contra los dos
hombres, que obtuvieron la custodia de la niña, nacida de una
subrogación detrás del compromiso de no salir del país.
Pero mientras ponen a punto su estrategia legal, la pareja
eligió un apartamento en arriendo temporal cerca de la clínica
suizo-argentina donde nació la pequeña el pasado 10 de octubre,
para así asegurarle los cuidados necesarios en la fase neonatal.
"No queremos partir sin ella" es el mantra de la pareja, que
ya está habituada a la idea de familia, acariciada durante los
nueve meses de espera.
Del caso de los dos italianos, que tiene lugar en un país
que aún no tiene una ley de alquiler de vientres, pero donde una
reciente sentencia de la Corte Suprema no reconoce el vínculo
padres-hijo en el caso de gestación subrogada, se ocupa el
estudio de la abogada Fabiana Marcela Quaini.
La abogada, especializada en temas de derecho privado
internacional y, en particular, vinculada a las comunidades
arcoíris, contactada por teléfono por ANSA, afirmó haber
recibido numerosas llamadas desde Italia de personas que la
agredieron verbalmente, acusándola de prestarse a una práctica
ilegal.
Imputaciones a las que Quaini opone una dura crítica a la
ley italiana, y "el derecho a formar libremente la propia
familia".
Un caso que también inflama la política al otro lado del
océano.
La responsable nacional de Justicia y diputada italiana del
Partido Democrático, Debora Serracchiani, presentó una
interrogación parlamentaria pidiendo al Gobierno que informe
sobre el caso, mientras que la asociación Luca Coscioni recuerda
haber presentado un proyecto de ley en el Parlamento para
legalizar el embarazo para otras personas solidarias.
De acuerdo con el diario argentino La Nación -que por
primera vez publicó en exclusiva el caso- los investigadores
privilegian la pista de trata de personas.
En la mira está la organización intermediaria entre el
matrimonio italiano y la madre alquilada, una joven rosarina con
dificultades económicas, contactada a través de un grupo de
Facebook.
La mujer recibió aproximadamente 6 millones de pesos
argentinos (cerca de 5.500 euros) por el embarazo. Una maleta
entregada en un bar y llena de billetes de 1.000 pesos, casi
equivalentes al papel usado por efecto de la devaluación.
Dinero que la muchacha quiso utilizar para construir una
habitación extra en la casa de su madre, solo para darse cuenta
de que no sería suficiente. Resulta que ella ya había "donado"
sus óvulos a cambio de dinero cuando tenía 18 años, al igual que
otras chicas de su barrio.
Los mediadores que contrataron a la mujer operaban con una
conexión en Estados Unidos y se comunicaban con ella a través de
mensajes efímeros. Se encargaron de pruebas clínicas,
tratamientos y contrataron un seguro médico, arrendando a la
joven un apartamento en la capital hasta que diera a luz.
Empero algo no funcionó. El pasado sábado, cuando a la
pareja le impidieron abordar, ya estaban en su tercer intento de
salir de Argentina. Lo intentaron el miércoles y el día
siguiente. Pero detalles como la evidente disparidad
socioeconómica entre los padres y aquel viaje del padre al país,
en 2023, habían llamado la atención de la policía de fronteras.
En los últimos meses, en Argentina, se han registrado casos
similares en varios puntos de la nación. Y al menos un centenar
de investigaciones están en marcha. (ANSA).