El instituto de estadística ha revisado a la baja la estimación tendencial del Producto Interno Bruto para el segundo trimestre, pero sobre todo ha recortado -con una corrección que llegará más tarde- el crecimiento adquirido para 2024, llevándolo del 0,6% al 0,4%.
Si el +1% previsto por el Gobierno en el Plan Estructural Presupuestario de la semana pasada, reiterado también por el propio Giorgetti, parecía un resultado prácticamente ya en el bolsillo hasta hace unas horas, esas certezas ahora podrían empezar a flaquear. Y si el crecimiento no alcanza el objetivo, el trabajo del gobierno también se volvería más complicado.
Menos crecimiento significa menos ingresos y más déficit, así como una mayor presión fiscal. En el segundo trimestre en el que el Istat revisó a la baja el crecimiento, la presión fiscal sobre el PIB fue del 41,3%, un aumento de 0,7 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior.
La cifra se ve afectada por los ajustes estadísticos, pero, teniendo en cuenta las tensiones que han surgido en torno a la cuestión fiscal en el seno de la mayoría, corre el riesgo de no pasar desapercibida, ya que a la oposición le resulta fácil atacar los impuestos y el equilibrio entre los aliados también corre el riesgo de verse socavado.
En primer lugar, está sobre la mesa la cuestión de los impuestos especiales. El Gobierno ha dejado claro que no se trata de un aumento total del precio del diésel, sino de una alineación entre gasolina y diésel. A continuación, la UNEM (la corporación que agrupa a entidades petroleras) rehizo los cálculos subrayando que "en el caso extremo" en el que la medida implicara que el impuesto especial sobre el gasoil se equiparara al de la gasolina, el efecto sería un aumento inmediato de los precios al consumo de ese combustible de 13,5 céntimos de euro por litro, o un mayor desembolso para las familias, equivalente a aproximadamente 70 euros al año.
Luego está el tema de los cigarrillos, para el que los oncólogos han propuesto un máximo aumento de 5 euros por caja como apoyo al Sistema Nacional de Salud. Pero sobre todo está el tema de la "contribución" de las empresas y del mundo bancario y de seguros. Todas las hipótesis siguen abiertas y no parece descartada la posibilidad de un impuesto adicional IRES (impuesto a la renta de las empresas, entre el 0,5% y el 1%), que, sin embargo, los bancos parecen decididos a rechazar para evitar un impacto en las cuentas.
Una respuesta bastante explícita proviene de Augusto Dell'Erba, presidente de Federcasse-Bcc (la federación de bancos), según el cual "las retiradas forzosas y repentinas, además de los ingresos ya generados, por lo tanto, con una especie de retroactividad, no son la mejor manera de sentar las bases de un verdadero relanzamiento del país".
Antonio Patuelli, presidente de la Asociación Bancaria (ABI), se lo toma más a la ligera, pero explica que "cuanto más aumentan los impuestos, más desaparecen la riqueza y los valores". El directivo ve una ley presupuestaria "menos dramática de lo que parece", también porque "las semillas de la recuperación y de la legalidad aportan mayores ingresos al Estado".
La idea de una contribución de las grandes empresas la comparten, en cambio, Luigi Sbarra, del CISL (confederación de sindicatos), y PierPaolo Bombardieri, del UIL (Unión del trabajo), que definen la declaración de Giorgetti como "una declaración de sentido común". Y la secretaria confederal de la CGIL (otra de las centrales obreras), Francesca Re David, también pide un tipo impositivo "fuerte" sobre la riqueza producida.
Además, el ministro y el presidente de Confindustria, Emanuele Orsini, discutieron el IRES, pero no como uno adicional, en una reunión con el plan de vivienda propuesto por los industriales del centro, pero también "la recompensa del IRES, tal como está escrita en la ley de delegación de impuestos, para quienes hacen inversiones".
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