Para el conjunto de los países de América Latina y el Caribe, el Fondo prevé un magro crecimiento de 2,1%, en línea con el 2,0% esperado en abril y que avanzará un poco el próximo año, hasta 2,5%.
Venezuela está por encima del promedio regional. El FMI aclara que las proyecciones del país tienen un amplio margen de incertidumbre porque desde 2004 no conversa con autoridades locales.
El FMI corrige a la baja el crecimiento esperado para Venezuela, que en abril era de 4%, el mismo de 2023. Pero también prevé una menor inflación, de 59% este año y de 71,7% en 2025. En abril calculaba 100 y 150, respectivamente.
En los últimos cuatro años, el país acumula un crecimiento de 16%, incluyendo 2024. Pero no alcanza a compensar el retroceso. Solo en 2020 el PIB cayó 30% y 28% en 2019. En cinco años, hasta 2021, su economía se contrajo más del 80%, según estos datos del FMI.
Venezuela tiene, además, una deuda externa que supera los 160.000 millones de dólares, que el presidente Nicolás Maduro declaró en default en 2017.
Por su parte, el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) es más optimista sobre la economía venezolana, según su informe divulgado el lunes, que prevé un crecimiento del 6,1% para 2024, con una inflación del 46%.
"La economía venezolana sigue mostrando señales de recuperación". Que se mantenga "dependerá de un manejo adecuado de la política económica, del control de la inflación, del buen desempeño del sector petrolero, de la estabilidad política y de la diversificación del aparato productivo", dice el PNUD.
"Para el primer semestre, la tasa de inflación acumula 8,9% y al cierre de junio la anualizada se ubica en 51,4%, siendo la más baja desde septiembre de 2013", agrega el programa de la ONU, al proyectarla en torno al 26% a fin de año, con un promedio anual del 46%.
"Sería la más baja en los últimos 11 años", subraya el PNUD que se apoya en datos del Banco Central de Venezuela, del FMI y la CEPAL.
Pero el organismo de la ONU advierte que "los niveles de ingreso mínimo de los trabajadores se mantienen muy bajos, promedian 35 dólares por mes y apenas equivalen al 7% de lo que cuesta la canasta básica para una familia de tres personas ($567 por mes)". Esa amplia diferencia refleja la dificultad de las familias venezolanas para cubrir sus necesidades básicas, señala el PNUD.
Y sin un mercado interno robusto en el que la mayoría de la población tenga como cubrir sus necesidades, es difícil que el crecimiento económico sea sostenible y equitativo, advierten economistas.
Además, analistas coinciden en que la actividad petrolera dependerá en los próximos meses de la crisis política y de quién gane las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
Casi la mitad de la producción de crudo de Venezuela depende hoy de empresas extranjeras, como Chevron, la española Repsol, la italiana ENI, la francesa Maurel & Prom, y de la estatal china CNPC.
Todas operan con licencias de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del tesoro de Estados Unidos) que mantiene una política de sanciones aplicadas por Washington contra el chavismo por sus golpes a la democracia y los derechos humanos.
Desde la elección del 28 de julio no se han otorgado nuevas licencias y hay unas 50 empresas que esperan estos permisos para poder trabajar con la sancionada empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) sin perjudicar sus relaciones financieras internacionales.
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