La última luz verde provino del gobierno laborista de Keir Starmer, que había heredado el expediente del anterior ejecutivo conservador de Rishi Sunak y que ha formalizado el sí a la venta de un pedazo más de la historia del Reino Unido, un gigante que lleva tiempo en crisis pero que aún emplea a 153.000 personas Se trata esencialmente de un reconocimiento de la aprobación dada hace seis meses, con el consentimiento general de la administración conservadora, por la junta directiva de International Distributions Services (Ids), sociedad matriz de Royal Mail, a la oferta de compra al alza, equivalente a 5 mil millones de libras (cobertura de deuda incluida), puesta sobre la mesa Brexit o no Brexit por el rampante empresario checo Daniel Kretinsky, un multimillonario afincado en la otrora Europa comunista y con intereses ramificados dentro y fuera de la zona de la UE.
La propuesta de Kretinsky, propietario de EP Corporate Group, se fijó gracias a un precio de 370 peniques por acción (es decir, 3,6 mil millones de libras - poco más de 4,3 mil millones de euros - netos de la pesada deuda actual) y fue considerada "justa y razonable" por la junta directiva el 29 de mayo.
Ahora llega también la necesaria aprobación del gobierno, que mantendrá una acción de oro en IDS con derecho a vetar cualquier cambio estratégico relacionado, en particular, con las futuras estructuras de propiedad, la residencia fiscal en el Reino Unido o el mantenimiento de la actual sede del Royal Mail.
Entre las otras garantías solicitadas al magnate checo, e incluidas en un acuerdo extendido -además del gobierno- a los sindicatos de trabajadores postales más representativos, el nuevo propietario se compromete a salvaguardar la obligación de servicio universal del Royal Mail, a reconocer los acuerdos sindicales firmados con las siglas Cwu y Cma Unite, para proteger los planes de pensiones actuales, hasta un régimen de transparencia sobre la gobernanza y la posible cotización de empresas del grupo.
"Durante demasiados años, los avances en materia de estabilidad futura delRoyal Mail se han estancado", admitió Jonathan Reynolds, Ministro de Actividades Productivas del gabinete Starmer y exponente de la corriente liberal-laborista.
Agregó que los acuerdos colaterales a la venta apuntan precisamente a "garantizar la estabilización financiera" del gigante postal, "protegiendo sus vínculos históricos con las comunidades" del Reino Unido.
Vínculos que siguen siendo apreciados por muchos de los británicos, pero que se ven afectados por las últimas décadas de perjuicios y retrasos inaceptables para los estándares tradicionales de eficiencia postal en todo el Canal de la Mancha, certificados hace apenas unos días por otra multa (10,5 millones de libras, equivalente a más de 12,6 millones de euros) impuesta a la empresa por Ofcom, autoridad de control de las comunicaciones de la isla, por no respetar los plazos de entrega previstos en el último año tanto para el correo prioritario (primera clase) y correo ordinario (segunda clase), que se produjo a tiempo en el 74,7 y el 92,7% de los casos, frente a los objetivos del 93 y el 98,5%.
Fundada en Londres en 1516, la Royal Post Office, orgullo y punto de referencia de la isla durante siglos, dejó de ser un monopolio estatal desde 2006, en el contexto de una última fase de privatizaciones de los servicios públicos culminada bajo la gobiernos del Nuevo Laborismo de Tony Blair, después de las oleadas de la temporada thatcherista conservadora.
Esta fase culminó luego, en 2011, con la transferencia del 90% de las acciones a bolsillos privados; pero, sin embargo, ha quedado marcada por fibrilaciones endémicas y sombras de decadencia de las que habrá que ver si (y de qué manera) Kretinsky podrá escapar de ellas.
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