A inicios de semana, militares y policías detuvieron una caravana de camionetas blindadas de la estatal Unidad Nacional de Protección (UNP) en la que se trasladaban siete disidentes del EMC, solo tres de ellos tenían salvoconductos como miembros de la negociación con el Gobierno. Las autoridades decomisaron armas, dinero y munición, mientras la prensa local aseguró que entre los pasajeros había un menor de edad.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, le pidió este viernes al gobierno que revise y establezca un mecanismo para la movilización por el país de disidentes con los que se negocia, al advertir que lo ocurrido es grave y le recordó que la justicia puede suspender los arrestos de estas personas, pero las investigaciones contra ellos continúan.
"Las delegaciones reiteran el compromiso con los objetivos de paz, con el estricto seguimiento a los acuerdos y protocolos, incluidos en particular a los de seguridad", afirmaron las partes en su mensaje.
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