El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de la policía citó para este miércoles al coordinador de Provea, Oscar Murillo, a declarar en una supuesta investigación por delitos de odio, según denuncia la propia ONG, que ha recibido el apoyo nacional e internacional de sus defensores.
Murillo anunció que irá acompañado por una docena de los principales directivos de esta ONG, que tiene presencia en todo Venezuela, con énfasis en la defensa de presos políticos y de víctimas de la represión.
Los activistas temen que Murillo sea arrestado y pase a engrosar la lista de unos 1.800 presos políticos que hay en el país, incluyendo varios defensores de los derechos humanos, estudiantes y dirigentes políticos y simples manifestantes.
La Ley del Odio, en la que se pretende encuadrar a Provea "ha servido para procesar e imputar a cientos de detenidos y escalar el crimen de persecución por razones políticas", advierte la ONG.
El gobierno investiga a Provea después que esta pidió una investigación imparcial sobre la muerte del activista político y de la iglesia católica Edwin Santos, en el estado Apure, cerca de la frontera con Colombia.
Testigos dicen que fue apresado por la policía política Sebin, dos días antes de aparecer muerto, pero el gobierno afirma que el hombre murió en un accidente de tránsito. Amnistía Internacional emitió un comunicado de "acción urgente" en la que exige a Nicolás Maduro "frenar el acoso en contra de Provea".
"Su contribución histórica a los derechos Humanos en el país no puede ser castigada ni silenciada", sostiene Amnistía.
Las ONG han denunciado y documentado la represión, abusos contra la disidencia, crímenes de lesa humanidad y la persecución política. Por eso son el blanco de turno de un gobierno que ya ha aniquilado a los partidos opositores y desmovilizado las protestas.
Estas denuncias nutren expedientes contra el régimen chavista que cursan ante la Corte Penal Internacional, o los informes de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, así como las peticiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de la OEA. Tras la elección presidencial del pasado 28 de julio, en las que el oficialista Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Maduro sin mostrar las pruebas de escrutinios, arreció la represión contra los disidentes.
"Centenares de personas salieron a las calles para que el CNE respete la voluntad popular y haga un conteo transparente de todas las actas, garantizando los derechos de la ciudadanía", publicó Provea sobre aquellas jornadas.
También documentó y denunció cómo bandas armadas civiles del chavismo, por aquí llamados "colectivos" dispararon en las calles con el apoyo de la Guardia Nacional y la Policía Nacional para reprimir a "manifestantes pacíficos que alzan su voz contra las injusticias y las condiciones de vida".
El régimen de Maduro dice que a los 25 muertos durante estas jornadas los asesinaron la dirigente opositora María Corina Machado y el candidato Edmundo González, que enfrentó a Maduro y según la oposición lo derrotó por amplia mayoría, pero el chavismo cometió un "fraude masivo" y un "golpe electoral".
Los integrantes de Provea tienen protección de la CIDH, pero como el chavismo sacó a Venezuela de la OEA esas órdenes no tienen ninguna aplicación práctica.
La ONG ha documentado 592 ataques contra defensores de derechos humanos solamente en el primer semestre de 2024, un 92% más que en igual período de 2023.
Un Informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU señala que la legislación venezolana obstaculiza la labor de las organizaciones de la sociedad civil y humanitarias, algunas de las cuales se enfrentan a procesos penales relacionados con su trabajo.
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