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Fallo sismo de Aquila, autoridades exculpadas

Familias de víctimas sin indemnización y deben pagar costas

ROMA, 15 julio 2024, 12:15

Redaccion ANSA

ANSACheck
Una imagen del devastador terremoto de  L 'Aquila de 2009 - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Una imagen del devastador terremoto de L 'Aquila de 2009 - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Otra sentencia impactante en el contexto de los procesos civiles por las muertes en el sismo de L'Aquila (centro de Italia), del 6 de abril de 2009: el Tribunal de Apelación de esta localidad confirmó hoy la sentencia de primera instancia de 2022 que había absuelto a la Presidencia del Consejo de Ministros de cualquier responsabilidad por la muerte de siete estudiantes en varios derrumbes durante el terremoto de hace unos 15 años.
    Las familias de las jóvenes víctimas no solo no tendrán ninguna indemnización por haber incurrido en una "conducta imprudente", sino que también tendrán que pagar las costas judiciales, casi 14 mil euros.
    Así lo informa el periódico de Abruzzo Il Centro.
    Según los jueces, las causas deben buscarse en las decisiones de los jóvenes niños, absolviendo de toda culpa, como en primera instancia, a la Comisión de Grandes Riesgos que se reunió en L'Aquila el 31 de marzo de 2009, cinco días antes del trágico terremoto, enviando mensajes tranquilizadores.
    A este respecto, el Tribunal de L'Aquila condenó primero a seis años de prisión a los siete científicos que participaron en la reunión y luego los absolvió en apelación, a excepción de Bernardo De Bernardinis, entonces subdirector de Protección Civil, cuya sentencia en contra de un año también fue confirmada en el Tribunal Supremo.
    De Bernardinis, que había presidido la reunión en lugar del entonces jefe de la protección civil nacional, Guido Bertolaso, había enviado, inmediatamente después de la reunión, mensajes tranquilizadores que habrían inducido a los habitantes de L'Aquila a no tomar las medidas de recaudos tradicionales, incluso el de salir de casa después de un terremoto.
    Es probable que se presente un recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal de Apelación de L'Aquila.
    Según los jueces de segunda instancia, no existirían pruebas ciertas de las garantías en relación con la conducta de los jóvenes, por lo que faltaría el llamado "vínculo de causalidad" para atribuir responsabilidad civil. Significativo, en este sentido, es lo que escriben los magistrados sobre Nicola Bianchi (su padre Sergio lucha desde hace años por justicia, NDR). "A una conclusión similar -se lee en la sentencia- se debe llegar con respecto a Nicola Bianchi, ya que, más allá del hecho de que no hay pruebas de la fuente del conocimiento de la reunión del 31 de marzo y de la motivación de las garantías dadas, no hay ningún elemento que lo relacione con las declaraciones de De Bernardinis".
    Según el breve testimonio de los padres, el jovencito decidió quedarse en L'Aquila porque tenía un examen el 8 de abril y la noche del terremoto, después del temblor de las 22.48 horas, salió a la calle, circunstancias que contrastan con la tesis de que había actuado de esta manera sintiéndose tranquilo por las declaraciones de De Bernardinis y no consideró peligrosos los temblores.
    Por lo tanto, los jóvenes no se habrían sentido influidos y, por tanto, tranquilizados por las conclusiones sobre el comportamiento de los miembros de la Comisión de Grandes Riesgos presentes en L'Aquila cinco días antes del terremoto, el 31 de marzo de 2009, ni por las declaraciones televisivas de De Bernardinis a la prensa, ni por las del entonces alcalde, Massimo Cialente, indicó la sentencia.
    Finalmente, para los jueces, "en términos generales, el compendio probatorio adquirido (convocatoria de la reunión, acta de la misma, declaraciones de testigos), más allá de la convicción del jefe de Protección Civil surgida durante la conversación casualmente interceptada entre él (Bertolaso) y el consejero regional del Estado niegan o, en todo caso, no confirman la tesis de que los expertos que participaron en la reunión del 31 de marzo tenía, a priori, el objetivo de tranquilizar a la población y, por tanto, de contradecir o minimizar lo que se puede deducir de los datos que fueron objeto de sus resultados de investigación de evaluación científica".
   
   

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