Así lo anunciaron sus líderes, Maurizio Landini y Pierpaolo Bombardieri, al final de una reunión maratónica con Meloni, a la que le obsequiaron "El hombre rebelde", de Albert Camus, el primero, y una calculadora, el segundo.
Un momento que alivió la atmósfera al inicio del encuentro, pero que no modificó el escenario de clara confrontación.
Tampoco convenció a los dos sindicatos el compromiso de la premier de realizar una nueva intervención sobre el impuesto a la renta de las personas físicas (Irpef) según "los recursos que tengamos disponibles y que llegarán también con el cierre del concordato preventivo".
Un balance que será nuevamente actualizado después del 12 de diciembre, cuando venza el nuevo plazo de un mes del concordato, como se prevé en el decreto ley que el Consejo de Ministros está a punto de aprobar en las próximas horas, para luego incluirlo como enmienda en el decreto fiscal, en evaluación en la comisión de Presupuesto del Senado.
Tras hacer permanente la reducción de las tasas del impuesto a las Ganancias de cuatro a tres tramos, con la fusión de los dos primeros niveles de ingresos, la intención del ejecutivo, aclaró Meloni, "es intervenir también en el siguiente tramo".
El desenlace de la reunión no sorprendió a Meloni, quien, debido a la prolongación de la reunión con los sindicatos, no asistió al acto de la coalición de centroderecha en Bolonia para las elecciones regionales, que estuvo precedido de días de polémicas políticas debido a los enfrentamientos.
En su intervención por videoconferencia, la líder de FdI reiteró su sorpresa por los "tonos sin precedentes" utilizados por los sindicatos, en referencia a la exhortación a la "rebelión social".
Y relató que preguntó a Landini y Bombardieri por qué no convocaron a una huelga "cuando la tasa de desempleo era el doble o cuando los gobiernos de izquierda usaban el dinero de los ciudadanos para salvar a los bancos: ninguna respuesta".
"No se pudo avanzar", resumió Landini, el secretario de la CGIL, reafirmando su "pésima" evaluación de la ley presupuestaria, sobre la cual el gobierno confirmó que los márgenes de modificación "son limitados".
Para el sindicalista, el aumento salarial para el empleo público "no puede ser del 6% propuesto en el acuerdo separado", en comparación con el aumento de la inflación, y "el único gasto que se incrementa es el de armas y defensa".
Bombardieri percibió en Meloni la "disposición a discutir la exención de impuestos de los aumentos salariales contractuales", y está listo para dialogar "si el gobierno decide cambiar sus decisiones". Pero por ahora no es suficiente: "se reflejaron dos visiones diferentes del presupuesto".
El secretario general de la CISL, Luigi Sbarra, en cambio, consideró "convincente" la respuesta sobre "apoyo a los ingresos, trabajo, pensionistas y familias".
A diferencia de sus colegas, no le dio ningún obsequio a la primera ministra, sino que presentó "propuestas para mejorar la política de desarrollo de este país", como explicó antes de comenzar la reunión en el Palazzo Chigi, en la que participaron siete ministros, desde el de Economía, Giancarlo Giorgetti, hasta el viceprimer ministro Antonio Tajani, pero no Matteo Salvini.
Al aceptar la nueva calculadora, Meloni comentó con sarcasmo que Bombardieri podrá usarla "para hacer un cálculo rápido" y verificar "la cifra récord" destinada por el gobierno al capítulo de Salud.
La primera ministra defendió los diversos capítulos del presupuesto, desde las pensiones mínimas que "también en 2025 y 2026 serán revalorizadas por encima del nivel de inflación indicado por el Istat", hasta las medidas para la familia, pasando por el coeficiente familiar en las deducciones fiscales.
Todo esto, añadió, marca "un cambio de rumbo", ya no "medidas útiles solo para ganar consenso inmediato", sino "las bases para un crecimiento duradero".
En su análisis, Meloni hizo referencia constante a la herencia del "superbonus", que implica un costo de "38 mil millones en 2025", sin el cual "cualquier medida de esta ley de presupuestos podría haberse duplicado con creces".
El "superbonus" fue una medida implementada en 2020 como parte del "Decreto de Relanzamiento" para reactivar la economía durante la pandemia. Consistió en una deducción fiscal del 110% para quienes realizaran obras de mejora energética y sismo-resistentes en sus propiedades.
La premier también reivindica que "la credibilidad y el coraje de este gobierno han permitido que bancos y aseguradoras participen en la cobertura" de la ley presupuestaria.
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