El Tribunal de Justicia de la UE le dio la razón, en parte, a los ciudadanos y a los eurodiputados ecologistas, quienes pidieron al Ejecutivo europeo que rindan cuentas por no haber garantizado el libre acceso a los contratos estipulados con las empresas farmacéuticas durante la fase aguda de la pandemia.
Contratos por valor de más de 2,7 millones de euros que la Comisión negoció en nombre de las veintisiete capitales, para evitar crisis de competencia y de suministro.
Y que se publicaron sólo a petición y en una versión parcialmente oculta de los datos más sensibles, como las dosis prometidas y los costos del acuerdo.
El Ejecutivo liderado por Von der Leyen no concedió al público "un acceso suficientemente amplio a los contratos", en particular, en lo que respecta a "las cláusulas de indemnización y las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses de los miembros del equipo negociador para la compra de vacunas", dictaminó el tribunal de la UE.
Una sentencia que corre el riesgo de tener un impacto negativo en la votación decisiva del Parlamento Europeo sobre la reconfirmación de Von der Leyen como jefa de la Comisión Europea y que vuelve a centrar la atención en la gestión de la pandemia por parte de la Comisión Europea.
Las críticas perjudican a la líder alemana, quien, en los últimos meses terminó en el centro de la polémica por el llamado "Pfizergate" a raíz del supuesto intercambio de mensajes -inaccesibles- con el jefe de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, por el acuerdo sobre la compra de vacunas.
Bruselas tomó nota y se tomará su tiempo, reservándose el derecho de recurrir la decisión del Tribunal.
Y se justificó diciendo que "tuvo que encontrar un difícil equilibrio entre el derecho del público, incluidos los diputados al Parlamento Europeo, a la información y las obligaciones jurídicas derivadas de los contratos".
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